La mayoría de los alcaldes quieren borrón y cuenta nueva con las irregularidades

Poner orden en un caos que se arrastra desde varias décadas atrás resulta una tarea casi imposible, además de impopular, según el diputado delegado del SAM y alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón, para el que la solución más razonable sería hacer borrón y cuenta nueva sobre las irregularidades urbanísticas cometidas hasta ahora en las zonas rurales. «Hacer frente a la realidad significa regularizar lo que hay, con más o menos modificaciones sobre los hechos consumados, y, a partir de ahora, no dejar pasar ni una». Todo lo demás, según él, sería toparse con un muro casi insalvable y, más aún, adoptar medidas sancionadoras drásticas contra los municipios rurales por irregularidades pasadas. Según Castañón, en su propio municipio ha heredado de anteriores alcaldes «auténticas barbaridades» como urbanizaciones sin licencia de hasta treinta chalets o más en suelo rústico que ahora hay que recalificar como urbano con los correspondientes servicios. «Si a partir de ahora los alcaldes exigimos que se cumplan todas las normas antes de dejar construír, seguramente pagaremos un precio político, tal vez en forma de votos, pero al final todo el mundo saldrá beneficiado». Aparejadores y arquitectos Los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos, mientras tanto, han creado una comisión mixta para denunciar todo tipo de infracciones urbanísticas en áreas rurales o de la periferia de los grandes núcleos úrbanos. Los arquitectos se han limitado a quejarse hasta ahora de la existencia de grandes urbanizaciones «piratas» en las cercanías de León, como Sariegos, o en el Bierzo , así como en Zamora, Salamanca o Palencia, a un ritmo de una docena por año que raramente llegan a los tribunales y casi siempre se limitan a dar cuenta a los municipios afectados. Los aparejadores, por el contrario, plantean directamente avisos y demandas contra los constructores o promotores de los inmuebles ilegales, que casi nunca tienen proyectos de obra ni, por lo tanto, licencias municipales. Durante los últimos años becarios del colectivo de aparejadores han «peinado» extensas zonas de la provincia realizando por cuenta de su colegio profesional controles que no es capaz de realizar la Junta y rellenando fichas que són el único documento del actual caos de la construcción en las zonas rurales. La Junta, que tiene todas las competencias sancionadoras y de control sobre el tema, carece de servicios propios de inspección. Aparejadores y arquitectos, en todo caso, coinciden en afirmar que la proliferación de irregularidades urbanísticas, tanto en pueblos que se rigen por normas propias como en los que lo hacen por las subsidiarias provinciales, no radica tanto en la ausencia de una legislación mínima, por elemental que sea, como en la falta de voluntad de alcaldes y concejales, algo también comprensible porque casi todo el mundo en los pueblos tiene algún lazo de parentesco entre sí.