El Gobierno estudia reformar el jurado

El caso de Dolores Vázquez, a punto de ser exculpada del asesinato de Rocío Wanninkohf, por el que pasó 17 meses en la cárcel, ha llevado al Gobierno a plantear de nuevo una reforma de la ley del Jurado para evitar que los tribunales populares sean los únicos responsables de decidir los veredictos en un procedimiento judicial. Según el Ejecutivo, el papel de los jurados debe reducirse al de mero apoyo al tribunal, para que sean los magistrados profesionales quienes tengan la potestad única de dictar absoluciones o condenas. Javier Arenas, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Presidencia, afirmó este lunes que la propuesta no se promoverá hasta que las investigaciones sobre los asesinatos de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkohf concluyan. «Por el momento y por respeto a los jueces y a la policía nos mantendremos en una prudencia extrema», aseguró. «Hace tiempo que el Gobierno viene reflexionando sobre la necesidad de modificar la ley del Jurado. Sin embargo, el PSOE siempre se ha negado en rotundo, nunca ha sido partidario de cambiar ni una sola coma del texto», señaló Arenas. La ley, cuya revisión está incluida en el Pacto de Estado por la Justicia, fue aprobada en 1994 por impulso del gobierno de Felipe González; la norma se introdujo la figura del jurado puro para dar respuesta al precepto constitucional que establece la participación popular en la justicia. Ya entonces el PP mostró su disconformidad y presentó cerca de un centenar de enmiendas al texto en el trámite de debate parlamentario. Sin dictar veredictos El anuncio de una futura reforma fue de inmediato aplaudido por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que abogó por un jurado -denominado escabinado- que sólo dé su opinión, no dicte veredictos. «Aunque es una institución que está en la Constitución y hay que mantener, otra cosa son los términos en los que está configurada. La experiencia que tenemos nosotros es que dan mayor seguridad los jueces técnicos que el jurado, al menos en nuestra cultura jurídica», afirmó Cardenal, que aseguró que «desde luego, yo preferiría sin duda alguna a una juez».