El Parlamento Vasco reta al Supremo y pide la nulidad de su auto contra SA

La Mesa de Presidencia del Parlamento Vasco ratifica su criterio y sigue denunciando su «indefensión» ante la Sala Especial de un Tribunal Supremo al que no considera competente para ordenar la anulación de los cinco acuerdos parlamentarios que planteaban la imposibilidad de disolver el grupo de Socialista Abertzaleak. Es la parte sustancial del acuerdo al que ha llegado la Mesa de la Cámara de Vitoria gracias a los votos de los representantes de PNV, EA e IU. Un acuerdo en el que se vuelve a acudir al «incidente de nulidad» solicitando la anulación del último auto del TS de 1 de octubre en el que se declaran nulas esas cinco decisiones del Parlamento Vasco. Además no se descarta el uso de cualquier «resquicio» jurídico para defender la postura de la Cámara, como el de acudir al Constitucional. El presidente de la Cámara de Vitoria, Juan María Atutxa, ha denunciado «la indefensión» que causa el último auto, «ya que ni siquiera se da audiencia al Parlamento, sino que anula directamente cinco de sus acuerdos», mientras que «sí se dio opción de alegar a la formación política disuelta». Ante esta situación, Atutxa ha asegurado que «hemos tratado de buscar el mínimo resquicio para acudir a los tribunales para que se vea que el Parlamento ni se resiste, ni desobedece, el Parlamento no puede cumplir los autos» porque conllevaría el incumplimiento de su propio reglamento. De ahí que se repita el recurso a la herramienta establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 240: el incidente de nulidad. Una figura «para que el Supremo vea la situación y reconozca su equivocación anulando sus autos» y que ya fue utilizada en julio con el rechazo posterior del TS. Sobre el auto que anula cinco acuerdos del Parlamento Vasco, la Mesa de la Cámara de Vitoria ha consignado en su acuerdo que el Tribunal Supremo no es competente para adoptar esa decisión, ya que «se trata de acuerdos parlamentarios sobre los que sólo tiene competencia el Tribunal Constitucional». Un argumento que Atutxa ha explicado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se declara incompetente para excluir a Eduardo Tamayo una de las comisiones de la Asamblea de Madrid, porque es una «decisión emanada de un órgano legislativo y por lo tanto fuera de su jurisdicción, ya que compete al Tribunal Constitucional». Los esfuerzos de los grupos del Gobierno vasco y de los letrados de la Cámara se centran ahora en estudiar las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico para plantar la batalla legal, ya que «cualquier resquicio que otorgue la legislación no queda descartado». Así las cosas no se descarta acudir al Tribunal Constitucional para, de esta forma, poder acudir luego a la justicia europea.