Las bajas por enfermedad sumaron 1,6 millones de jornadas el año pasado

El absentismo laboral por enfermedades comunes como la gripe, infecciones gastrointestinales o unas simples anginas provocó el año pasado en la provincia de León la pérdida de 1,6 millones de jornadas de trabajo, sólo en el sector privado y sin contabilizar las bajas entre el colectivo de funcionarios y otros trabajadores de la Administración Pública, tanto estatal como autonómica o local, cuyo número representa aproximadamente la quinta parte de la población activa leonesa. Según el Sacyl, servicio asistencial de la Junta que ha asumido las competencias del antiguo Insalud, las bajas laborales por enfermedad común se mantienen estancadasdesde hace varios años o, en todo caso, oscilan arriba o abajo en pequeños porcentajes al ritmo de la población realmente ocupada, la cual, a su vez, tiende a decrecer poco a poco con muy escasas recuperaciones de temporada o dientes de sierra en el argot de los economístas. De acuerdo con las mismas fuentes y sobre un total de 175.420 afiliados a la Seguridad Social, incluídos pequeños empresarios y autónomos, los servicios médicos de la Seguridad Social tramitaron un total de 30.988 bajas, a una media de 53,36 días de incapacidad laboral por cada baja. El 2003 fue también un año «medio» en todo tipo de estadísticas provinciales sobre absentismo laboral con aproximadamente un 2% -uno de cada cincuenta trabajadores- temporalmente inactivos. La media leonesa supera ampliamente a la nacional, que tiene una duración de las bajas de entre 45 y 47 días, aunque cada año se acerca más a ella. Hasta hace apenas una década la media anual de jornadas de baja se situaba en torno a los setenta días, debido, sobre todo, a enfermedades profesionales relacionadas con la minería del carbón, algo que ahora han asumido las prejubilaciones del sector. Altas y fraude Los servicios de inspección médica del Sacyl realizaron también el año pasado un total de 12.541 controles que afectaban a uno de cada tres partes de baja, un porcentaje muy superior a los que se llevaban a cabo hace apenas una década, cuando los partes del facultativo de cabecera se consideraban como poco menos que inamovibles. Se supone que la proliferación de controles tiene, sobre todo, como objetivo la lucha contra eventuales fraudes en la percepción de prestaciones por baja, algo que, por lo demás, parece demostrado por las estadísticas: en un total de 3.025 controles se detectó algún tipo de irregularidad, lo que dio lugar a otras tantas altas y a que el trabajador tuviera que regresar a su puesto por considerársele perfectamente curado y apto. Sólo en contadas ocasiones, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, los servicios de inspección médica actúan a requerimiento de una de las partes, limitándose en la mayoría de los casos a analizar cada baja según el paciente, edad o la tipología de la enfermedad. «Obviamente», se ironiza, «revisamos casos comunes, cuyas curaciones tienen una evolución y un tiempo determinado para el alta médica, porque lo que no vamos a hacer es investigar cómo va un cáncer o pretender que a alguien que se rompe un hueso lo escayolen menos del tiempo necesario».