La lucha contra el tabaco no acabó con él

«Comenzó en la falange del meñique de la mano derecha. Se ponía amarillo. Luego perdió la sensibilidad. El dolor se fue extendiendo a los brazos, a las piernas y en una de ellas me salió como una especie de callo que no se curaba». Así relataba José Calderón Crespo hace algo más de tres años el particular calvario que padeció desde 1983, cuando le fue diagnosticado el denominado síndrome de Buerguer, una terrible dolencia vascular que poco a poco obligó a amputarle los brazos y las piernas. José -su caso conmovió a la opinión pública por el coraje con que se enfrentó a la enfermedad- falleció el pasado jueves en el Hospital de León sin poder evitar las consecuencias de un complicado cuadro clínico, siempre provocado por el consumo continuado de tabaco, tal y como defendió hasta el último día de su vida, subraya su viuda, María Jesús del Amo. Este leonés de 44 años, natural de Espina de Tremor, donde ya descansan sus restos mortales, no consiguió ver resuelto el proceso judicial que inició en octubre de 1998 contra Tabacalera -hoy Altadis- y también contra el Ministerio de Economía y Hacienda por considerarlos responsables directos de su agravio físico y moral. Fue la primera demanda de estas características efectuada en España y desde hace dos años está pendiente del dictamen del Tribunal Supremo, explicó su abogado, el leonés Javier Sanmartín, letrado que, además de defender los intereses de su cliente, estimuló paralelamente el nacimiento de una plataforma integrada por abogados y médicos para luchar contra las tabaqueras. «Llegaré donde haga falta porque confío en la Justicia», declaraba José Calderón tras conocer el primer varapalo que sufrió su pionera y ahora seguida batalla judicial.

Primer varapalo para Calderón

Era abril del año 2000. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid desestimaba en esta fecha el recurso presentado por Calderón contra Tabacalera y el Estado. Argumentaba el juez que la enfermedad que padecía el demandante no había sido causada por el tabaco. Y se rechazaba de esta manera una reclamación de 350 millones de las antiguas pesetas como indemnización por daños. Esta polémica sentencia -su contenido fue reproducido por casi todos los medios del país- también desestimaba que existiera una relación contractual entre el fumador y Tabacalera y precisaba que la empresa sólo vendía a mayorístas y que son estos los que venden a particulares. Pese al revés, el fallo, apelado ante la Audiencia Provincial de Madrid, supuso un gran paso al dejar abierta la vía a la reclamación civil derivada de los daños provocados por el tabaco, y eso a pesar de que subrayaba insistentemente que no existía «una relación de causalidad entre el consumo de tabaco y la enfermedad». Sólo se trataba de demostrar que el tabaco es perjudicial para la salud. Pero la Audiencia madrileña desestimó también el recurso, y hace algo más de dos años fue elevado al Tribunal Supremo, donde se encuentra paralizado junto a otros tres casos más. La plataforma constituida a iniciativa de Sanmartín centró sus primeras exigencias en este ángulo, y solicitó al Ministerio de Sanidad todos los informes que obran en su poder y que permitan demostrar los daños provocados por el tabaco para así argumentar el pago de la responsabilidad por los perjuicios causados. Las campañas del ministerio aseguran que el tabaco mata, razón por la que la plataforma requiere toda la información en la que se basan sus aseveraciones.

Tres procesos más en marcha

Todos los procedimientos abiertos contra Altadis fueron rechazados en primera instancia. El caso de Calderón fue modelo para los familiares de Emilio Carramiñana, fallecido a consecuencia de un cáncer de pulmón, para Ángela Ávila, también afectada por el síndrome de Buerguer, y para un vecino de Lérida. Y eso sin contar el proceso colectivo que siguen por su cuenta los laringectomizados. El letrado Javier Sanmartín intenta demostrar que el Estado «tiene la obligación de salvaguardar la salud de los ciudadanos y no lo cumple». La clave de su acusación parte de este matiz, y considera que la Administración central «debe evitar la venta de productos dañinos para la salud, y sabe que el tabaco lo es». Pone como ejemplo evidente los mensajes difundidos en todas las cajetillas no por las tabacaleras, sino por las autoridades sanitarias, que son las que aseguran que «fumar puede matar» o que «puede reducir el flujo sanguíneo».

¿Nueva demanda?

La estrategia de Sanmartín pasa ahora por esperar el futuro fallo del Tribunal Supremo, sin que la muerte de Calderón afecte de ningún modo al procedimiento ya abierto. En caso de que se desestime el recurso, el abogado anunció que tramitará una nueva demanda para reclamar los derechos de los herederos del fallecido.

Su legado

Fundó una asociación de afectados por el síndrome de Buerguer, que muy pronto empezó a navegar por Internet «¿Sabes cómo firmo? No, no es con la boca. Me pego al brazo derecho un bolígrafo con un esparadrapo» «No puedo calcular cuánto fumé, es una barbaridad» «Si tuviera bastante dinero no me preocuparía por esta demanda, pero tengo una familia y llevo desde los 23 años sin trabajar» «Lo celebraremos (el éxito de la batalla judicial) en Cuba» «Sé que voy a enterrar todavía a mucha gente»