Álava llevará ante los tribunales la aprobación del Plan Ibarretxe

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Álava celebró ayer una reunión extraordinaria de la que salió la primera respuesta jurídica al Plan Ibarretxe depositado ya en el Parlamento Vasco: la institución foral, controlada por el Partido Popular, decidió recurrir el proyecto de ley del Gobierno vasco ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La decisión fue anunciada por el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, que dio lectura a la declaración institucional que recoge, entre otros extremos, la decisión de denunciar el Plan Ibarretxe ante los tribunales «en defensa de los derechos que a Álava le corresponden por su Historia y se le reconocen en la Disposición adicional primera y derogatoria segunda de la Constitución y, por lo tanto, en defensa de su régimen foral, actualizado e instituido como derecho positivo en el Estatuto de Autonomía del País Vasco». El argumento técnico que sustenta el recurso contencioso, según explicó Rabanera, es que el Ejecutivo vasco aprobó su Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, nombre oficial del proyecto de ley aprobado este sábado por el Ejecutivo vasco, sin «oír» a las instituciones alavesas, pese a que el texto registrado ante el Parlamento autonómico «tan directamente afecta» a este territorio, al extremo de modificar su estatuto jurídico. También denunciará la «vulneración de principios jurídicos tan elementales y básicos como el de legalidad y actos reglados». Para la Diputación de Álava, el Plan Ibarretxe supone una «actualización de los derechos históricos del pueblo vasco», cuando esos derechos son «los que a los territorios históricos (Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) les correspondían», «derechos inalienables e indisponibles, y que fueron y siguen siendo los pilares básicos sobre los que se construyó nuestro sistema de autogobierno». Por ello, la diputación alavesa acusa al proyecto impulsado por el lendakari de llevar a cabo una «derogación implícita de los regímenes forales de los territorios» al apropiárselos «a favor de un ente al que se quiere reconocer un carácter político y una personalidad jurídica denominándolo Pueblo Vasco o Euskal Herria», y todo ello «sin que la participación de los territorios en esta propuesta sea mínimamente adecuada y proporcional». El gobierno alavés critica la vulneración de la Constitución que en su opinión supone la aprobación del plan por el Gobierno vasco, porque pretende «una reforma constitucional por un órgano manifiestamente incompetente» y lleva a cabo «una actuación, que incurre en una discrecionalidad, que sobrepasa flagrantemente la capacidad de cualquier administración pública». Pero centra sus diatribas en lo que considera una ruptura de las normas forales vascas, «históricamente ligadas a los territorios y no a lo que conocemos como el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca», insiste el texto leído ayer por Rabanera. Además de recurrir el proyecto ante los tribunales vascos, la Diputación acordó ayer «promover cuantas iniciativas se consideren necesarias para preservar el orden constitucional y estatutario». «Álava defenderá los derechos que le corresponden por su historia» RAMÓN RABANERA Diputado General de Álava