El Gobierno inicia en el Constitucional su batalla legal contra el Plan Ibarretxe

El Gobierno comenzó ayer la batalla legal contra el Plan Ibarretxe con la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional contra el proyecto del Ejecutivo vasco. El ministro de Justicia, José María Michavila, fue el encargado de explicar el recurso y aseguró que se trata de «la respuesta de la democracia frente a un plan totalitario». En el documento elaborado por la Abogacía del Estado, que consta de 46 folios, se incide en el hecho de que el plan no sólo es «diáfanamente antoconstitucional» sino que se realiza con «voluntad consciente, deliberada y tenaz de ruptura constitucional, del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de la Cámara». El escrito del Gobierno impugna, además del acuerdo del Ejecutivo de Vitoria del 25 de octubre, el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco por el que se inició la tramitación del plan «a sabiendas de su clamorosa incosntitucionalidad». Los servicios jurídicos del Gobierno justifican su recurso en el hecho de que «la eficaz protección jurisdiccional de la Constitución exige una reacción inmediata». No excluir el debate Recuerda el Gobierno que la Constitución reconoce a los parlamentos autonómicos el derecho a participar «en la iniciativa de reforma constitu-cional» pero no a los gobiernos autonómicos. «No hay proyecto político que esté de antemano excluido, y desde luego no lo está el que ha querido plasmarse» en el Plan Ibarretxe, dice el texto del recurso. «Lo que aquí se viene a reprochar» al Gobierno vasco, continúa, «es que haya comenzado haciendo mal (inconstitucionalmente) lo que desde el principio podía haber hecho bien» proponiendo al Parlamento Vasco que activara la reforma de la Constitución para hacerla compatible con el Plan Ibarretxe y aceptar «el resultado del procedimiento constitucional de reforma, tanto si es favorable a la pretensión del Ejecutivo autonómico como si no lo es» El recurso cuestiona también el texto que el derecho de autodeterminación de los pueblos que invoca el Ejecutivo vasco «no permite legitimar secesiones» y «desde luego, no ampara que una minoría del pueblo de un Estado se arrogue el derecho de imponer cambios constitucionales extensos y hondos a la abrumadora mayoría de ese mismo pueblo». La respuesta jurídica del Gobierno al Plan Ibarretxe analiza también la Constitución Europea y concluye que la iniciativa no tiene cabida en esa Constitución en la que se indica que «la Unión respetará la identidad nacional de los estados miembros» y también que «respetará las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial». El ministro de Justicia advirtió durante la presentación del recurso que «quienes hoy impulsan proyectos totalitarios y excluyentes basados en una frágil coalición parlamentaria de coyuntura» corren el ries-go de «ser arrastrados por el propio totalitarismo que aho-ra invocan». Michavila añadió que esta es la primera iniciativa legal pero no se excluye «cualquier otra iniciativa» contemplada en la Constitución.