Diario de León

Las familias pretendían imputar a los responsables de Defensa de un delito de imprudencia

La Audiencia Nacional archiva la denuncia de las víctimas del Yak-42

La juez Teresa Palacios considera que el tribunal no es competente para investigar el siniestro

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Europa Press | madrid

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La titular del Juzgado Central de instrucción número 3, Teresa Palacios, ha archivado la denuncia presentada por la Asociación de las Familias Afectadas por la Catástrofe del accidente Aéreo del Yak-42, al considerar que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos denunciados. Según la magistrada, las supuestas irregularidades atribuidas a Defensa «vienen residenciadas en España», la tripulación del aparato era ucraniana y el siniestro se produjo fuera del territorio nacional. El auto de la magistrada hecho público ayer reproduce los artículos 23.2 y 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los que establece las competencias de investigación de la Audiencia Nacional. Se establece en ellos, que «conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminales responsables fueran españoles». Según esto, se establece que la Audiencia Nacional sólo tiene competencias para investigar aquellos delitos que hayan sido cometidos en el extranjero, cuando su autoría sea atribuida a españoles. Por ello, el hecho de que la mitad de la tripulación fuera de nacionalidad ucraniana y que el siniestro se produjera en Turquía impide a la Audiencia investigar lo sucedido. Irregularidades Las denuncias presentadas por un total de 42 familias de los militares fallecidos en el accidente ocurrido el pasado 26 de mayo, se refería «a una serie de irregularidades administrativas que habría cometido el Ministerio de Defensa español, en la contratación del medio de transporte empleado, así como incumplimiento de las normas sobre investigaciones e informes técnicos sobre el accidente, creando en consecuencia desconcierto sobre las circustancias del siniestro». Las familias pretendían imputar a los responsables del Ministerio de Defensa de un delito de imprudencia. En este sentido, la juez Teresa Palacios asegura que «que sin entrar a considerar que hayan acaecido o no las irregularidades expuestas, ni que estas hayan sido determinantes o contribuido al lamentable resultado del accidente aéreo» debe concluir que, como «vienen residenciadas en España», su investigación tampoco corresponde a la Audiencia.

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