La euro-orden, a examen en Toledo

El ministro de Justicia, José María Michavila, y sus homólogos de Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal se reúnen desde ayer en Toledo para estudiar los ocho primeros meses de vida de la orden europea de detención y entrega, el procedimiento judicial que reduce y simplifica el siempre largo y farragoso mecanismo de la extradición, utilizado en la actualidad para la entrega de delincuentes y terroristas de país a país. Esta orden internacional, que en España entró en vigor el 15 de marzo, facilita el arresto de delincuentes o terroristas en cualquier país de los Quince y permite su entrega casi inmediata al Estado donde haya delinquido. Michavila, el ministro francés Dominique Perben, la alemana Brigitte Zypries, la portuguesa Celeste Cardona y la británica Patricia Scotland examinarán las primeras reclamaciones entre los siete países de la Unión Europea que en la cumbre de ministros de Interior y Justicia (JAI) de febrero de 2002 en Santiago de Compostela acordaron adelantar la aplicación de la euro-orden al primer trimestre de 2003 (España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Portugal). En el resto de los estados europeos este procedimiento de entrega inmediato se comenzará a aplicar el 1 de enero de 2004. Esta iniciativa, que se basa en el principio de doble incriminación en los países reclamante y reclamado, fue impulsada en el seno de la Unión Europea por el Gobierno español en un intento de prevenir que cualquier vacío legal permita a los terroristas huir de la Justicia. La euro-orden, sostiene el Ejecutivo, ya ha «sentado las bases de una nueva etapa de cooperación judicial en el espacio europeo, bajo los principios del Derecho y del respeto a las libertades fundamentales». Los ministros reunidos durante el domingo y el lunes fijarán los procedimientos exactos (que denominarán como «protocolo de Toledo») para lograr efectivamente que un proceso que en ocasiones podía prolongarse durante años quede limitado a meses: a partir de la entrada en vigor de la orden europea en toda la Unión, cualquier terrorista o narcotraficante español detenido en el territorio de esos estados podrá ser entregado a España en un plazo de 60 días, ampliable a 90. La norma se aplicará para perseguir 32 delitos, entre los que se encuentran los de terrorismo, trata de seres humanos, narcotráfico, explotación sexual de menores y propiedad intelectual.