La oposición en pleno denuncia ante el TC la reforma contra el Plan Ibarretxe

Los grupos socialista, nacionalista catalán, Entesa de Progrés, y Mixto, en el que están agrupados IU y el Bloque Nacionalista Galego, en el Senado recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Penal que impulsan el Gobierno y el PP para castigar las convocatorias de consultas populares por autoridades sin competencias para hacerlo. El PNV no se sumará a la demanda por ser una parte «concernida» en el asunto. El portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, hizo el anuncio después de que el pleno de la Cámara rechazara una moción de su grupo para que no se admitieran dos enmiendas del PP que introducen los cambios penales en la ley que acompaña a la ley orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. El senador del PSOE justificó la medida porque con el procedimiento empleado por los populares para sacar adelante sus enmiendas se ha cercenado «el derecho al pluralismo político y a la participación política». El trámite utilizado por el Partido Popular impidió, conforme a las disposiciones reglamentarias del Senado, que otros grupos pudieran modificar las enmiendas y limitaron su papel a aceptar o rechazar la iniciativa. Los cambios en el Código Penal que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 28 de noviembre, y que el PP trasladó al Senado para su aprobación, prevén penas de entre tres y cinco años para las autoridades que convoquen un referéndum sin estar capacitados. El mismo castigo se aplicaría a los cargos públicos que financiasen con fondos y bienes públicos a un grupo político ilegalizado. Consejo de Europa Mientras tanto, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió ayer por carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, que obtenga de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que este fin de semana se reunirán en el Consejo de Bruselas, una declaración pública que proclame que el proyecto secesionista del PNV conocido como Plan Ibarretxe es incompatible con la continuidad del País Vasco en la UE. El líder de la oposición deja a la consideración del jefe del Ejecutivo «la fórmula concreta y el momento preciso en el que pudiera producirse» ese pronunciamiento de las instancias europeas, aunque sugiere que lo haga los próximos 13 y 14 de diciembre en Bruselas.