El Supremo acusa al Constitucional de «negligencia profesional grave»

El Tribunal Supremo considera que los 11 magistrados del Tribunal Constitucional condenados a indemnizar al abogado José Luis Mazón actuaron «con negligencia profesional grave» e «ignorancia inexcusable» y tuvieron una «conducta judicial absolutamente rechazable». Según la sentencia, que condena por primera vez a los miembros del más alto tribunal, éste se negó «lisa y llanamente» a resolver el recurso de amparo presentado por el letrado, «sin aducir razón alguna que fundamente o motive seriamente dicha posición». La Sala de lo Civil del tribunal notificó ayer el fallo a cada uno de los 11 condenados -todos menos Fernando Garrido, que estaba de baja por enfermedad- a pagar 500 euros al letrado por estar «incursos en responsabilidad civil». Proceder antijurídico «A una persona a quien se ha privado antijurídicamente de un derecho tan esencial como es el amparo constitucional no cabe la menor duda de que se le ha causado un daño moral, por lo menos desde el punto de vista de hacer que se tambaleen sus creencias como ciudadano de un estado social y democrático que propugna la justicia como valor supremo», afirma la durísima sentencia, un varapalo al Constitucional sin precdentes que ha creado una de las crisis más graves en las justicia española. Además, llega cuando el órgano constitucional está a punto de decidir si admite a trámite la impugnación del Gobierno contra el plan Ibarretxe y de renovar un tercio de sus componentes. El Supremo recuerda que la Constitución «garantiza a todos los ciudadanos su derecho a obtener una respuesta judicial, motivada, razonable y congruente con su pretensión». Sin embargo, excluye que existiera dolo, es decir una intención de violar la ley, lo que habría constituido un ilícito penal. Según el relato de la sentencia -de la que es ponente el propio presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sierra-, José Luis Mazón decidió interponer un recurso de amparo contra la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que rechazaba su petición de que se eliminara la libre designación de letrados del Constitucional y de que fuera obligatorio su nombra-miento mediante un concurso-oposición. Además, pedía que se formara una sala imparcial, de la que quedaran excluidos todos los magistrados de la máxima instancia judicial por tener «interés directo en la causa». El Tribunal Constitucional archivó el caso el 18 de julio del 2002 a través de una lacónica providencia en la que decía que Mazón no solicitaba amparo a este órgano sino a «otro hipotético tribunal que le sustituya».