Los terrenos del soterramiento de vías podrían dedicarse a VPO

El ministerio de Fomento se ha comprometido a impulsar la construcción de equipamientos públicos y vivienda protegida (VPO) en los terrenos de los puertos del Estado que queden desafectados por la remodelación o modernización de sus infraestructuras, una medida que podría aplicarse también a los terrenos de Renfe que queden libres tras el soterramientos de algunas líneas. El escollo en este caso podrían ser los convenios suscritos con algunos ayuntamientos -en la actualidad hay más de 40 firmados- según los cuales ese suelo iría a parar a las corporaciones locales. Para el caso de los terrenos portuarios, el Gobierno buscará la colaboración de las comunidades autónomas, presentes en los consejos de administración de las autoridades portuarias. Así lo explicó ayer la responsable del departamento, Magdalena Álvarez, durante su primera comparecencia ante la comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados. Álvarez añadió que, «dentro del compromiso de facilitar viviendas asequibles a las familias españolas adoptado por el Ejecutivo». Medida excepcional Hasta ahora, apuntó Álvarez, tras la remodelación de los puertos el suelo era recalificado, subastado y puesto en el mercado inmobiliario para la construcción de viviendas libres. Para la ministra, este método no consigue sino elevar el precio de las casas tanto en la zona portuaria como en los alrededores, con el consiguiente perjuicio para las familias de menos recursos. A partir de ahora y como «medida de carácter excepcional», Fomento propondrá a las comunidades autónomas que sus representantes en el consejo de administración de las autoridades portuarias voten a favor de destinar parte del terreno a usos residenciales de VPO. La cesión de suelo público -procedente de Defensa, Fomento o Renfe- para la edificación de VPO es uno de los puntales de la política de vivienda anunciada por el Ejecutivo. Según fuentes del Ministerio dirigido por María Antonia Trujillo, el objetivo es acabar con el sistema de subasta para sustituirlo por el de concurso a un precio máximo por metro cuadrado. Sin embargo, añaden las mismas fuentes, no se destinará todo este suelo sino «sólo el que sea apto para vivienda y no cree conflictos con las comunidades autónomas».