El juez deja en libertad al peruano detenido tras los atentados del 11-M El Gobierno abre el proceso para la reforma de la Constitución El Gobierno cierra la renovación del Tribunal Constitucional

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dejó este viernes en libertad al peruano Luis Juan Paredes Irique, detenido en Madrid el pasado martes por su vinculación familiar con Jamal Ahmidam, El chino, el número dos de la célula islamista que perpetró los atentados del 11-M y uno de los siete terroristas que se suicidaron en Leganés el 3 de abril. Paredes, que fue interrogado en régimen de incomunicación durante 72 horas reconoció -tanto el juzgado como ante la Policía- conocer a El chino desde hace unos meses, aunque insistió de forma vehemente en que no sabía nada de sus planes para atentar contra los trenes. El peruano admitió haber frecuentado a otros miembros de la célula, a los que prestó sus servicios como mecánico de automóviles. Luis Juan Paredes señaló que había reparado los vehículos de algunos de los terroristas muertos. El detenido explicó que es el compañero sentimental de la madre de la novia (ambas españolas) de El chino, aunque no mantenía una relación estrecha con el marroquí. El Gobierno dio ayer «el primer paso» para reformar la Constitución con la aprobación del anteproyecto de ley que modifica las competencias y la composición del Consejo de Estado. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la iniciativa persigue que el órgano consultivo pueda emitir un primer informe sobre la orientación que deben tener los cambios en la Carta Magna. Los cálculos apuntan a que las conclusiones del Consejo de Estado estén elaboradas para la próxima primavera. Zapatero aprovechó la toma de posesión del presidente del organismo consultivo, Francisco Rubio Llorente, el pasado 22 de abril, para pedir a los consejeros que empezaran a estudiar la reforma constitucional. El presidente no reparó en que el Consejo de Estado no está facultado para emitir un informe de esas características porque sus competencias se limitan a elaborar dictámenes sobre los textos que se someten a su consideración, pero no para confeccionar doctrina propia. El proceso de reforma de la Carta Magna puesto en marcha por el Gobierno también impregnó la elección de los dos miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde, trámite que acometió ayer el Consejo de Ministros. Los catedráticos Pablo Pérez Tremp y Manuel Aragón Reyes son expertos en Derecho Constitucional, en concreto en estructura territorial del Estado; el segundo de ellos, además, es una reputada autoridad en lo que a organización de las monarquías parlamentarias se refiere. Sustituirán como miembros de la corte constitucional a sus actuales máximos responsables, Manuel Jiménez de Parga y Tomás Vives, que han cumplido su mandato de nueve años. Tomarán posesión de sus cargos la próxima semana junto a los magistrados del Tribunal Supremo Pascual Sala y Ramón Rodríguez Arribas, designados hace semanas por el Consejo General del Poder Judicial.