El Gobierno anima a las víctimas del 11-M a reclamar las indemnizaciones
El Gobierno hizo ayer un llamamiento a todas las víctimas y afectados del 11-M para que se pongan cuanto antes en contacto con la administración a fin de elaborar un censo de víctimas que permita agilizar el pago de las ayudas. Fue tras la reunión que mantuvieron en La Moncloa la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de La Vega, y los ministros de Interior, Justicia y Trabajo para coordinar sus actuaciones de cara a tramitar y resolver cuanto antes los expedientes de cientos de afectados aún pendientes. Al término del encuentro, la vicepresidenta y el ministro de Interior destacaron que lo fundamental es «completar el censo de víctimas», pues hay muchas que por circunstancias personales aún no se han puesto en contacto con el Ministerio de Interior para pedir ayuda. Fernández de La Vega extendió esa invitación a los extranjeros que resultaron heridos; les pidió que den a conocer sus casos para que puedan ser estudiados y les recordó que el Gobierno ofrece a las víctimas extranjeras en situación irregular la posibilidad de conseguir permisos de residencia y trabajo. Además de esa apelación a los afectados, avanzaron que el Gobierno pondrá en marcha en breve una campaña publicitaria Esta es la forma que tuvo el Gobierno de salir al paso de las duras críticas que recibieron de las dos principales asociaciones de afectados: la Asociación de Afectados del 11-M (que agrupa a 200 víctimas) y Atocha 11-M (que aglutina a cerca de 12.000 voluntarios). Tras su primera reunión con Alonso, la portavoz del primer grupo, Clara Escribano, aseguró que las víctimas se sienten «abandonadas» y «ninguneadas» por la Administración y abrumadas por la burocracia y la falta de información y la descoordinación a la que deben enfrentarse cuando acuden a reclamar las ayudas. Alonso se comprometió con ellos a resolver «en breve» todas estas cuestiones. En este momento, la Administración tiene localizados a 452 de las personas que resultaron heridas en los ataques. Según cálculos del Gobierno, faltan unos mil que «aún no han emergido», explicó Alonso.