La cumbre prepara el camino para una revisión del Pacto de Estabilidad

El Tratado constitucional de la UE que los líderes comunitarios se aprestaban ayer a aprobar contempla cambios significativos en la Unión Monetaria, y más particularmente en la interpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece el conocido límite del 3% de déficit presupuestario con respecto al PIB como límite a no transgredir. En una «Declaración relativa al Pacto de Estabilidad y Crecimiento» que constará en el acta final, los líderes europeos confirman el objetivo de unas finanzas públicas saneadas, en el marco de un desarrollo económico que deberá apuntalarse sobre la base del «proceso de Lisboa» (de modernización de la economía comunitaria). El lenguaje utilizado en el documento se aproxima mucho al utilizado por Francia y Alemania en sus justificaciones de la trasgresión de la disciplina presupuestaria del PEC, concentradas en la necesidad de fomentar el crecimiento económico y el empleo, aún a costa de un cierto déficit público. La declaración incide en la importancia de una «política presupuestaria saneada a lo largo de todo el ciclo económico», con superávits presupuestarios en momentos álgidos, y abre la vía a las propuestas «de la Comisión y de los Estados miembros, con respecto al refuerzo y la aclaración de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento». El procedimiento de determinación de déficits excesivos, una de las piedras de toque de la Convención europea que sirvió de base al proyecto de Constitución comunitaria, se ha visto, sin embargo, sensiblemente devaluado en el documento final provisional, difundido ayer por la tarde en Bruselas. La Convención establecía que la constatación de que un país se encuentra en déficit excesivo sería efectuada por el Consejo a propuesta de la Comisión, y el texto final lo recoge así. Sin embargo, una vez el Consejo haya certificado la existencia de ese déficit excesivo, su tratamiento se efectuará en base a una «recomendación» de la Comisión. Unanimidad Quiere ello decir que para rechazar la propuesta de la Comisión sobre la existencia de un déficit excesivo hará falta la unanimidad del Consejo, mientras que para hacer lo propio con sus recomendaciones bastará una mayoría cualificada. El Consejo, por lo tanto, continuará detentando la última palabra en el procedimiento sancionador contra los Estados miembros que, como sucede actualmente con las principales economías de la UE, prefieran dejar deslizarse el déficit público que apretarse el cinturón, con sus consecuencias políticas de todo orden para los partidos políticos gobernantes. El Tratado constitucional quita capacidad de decisión a los Estados miembros que no formen parte del euro en aquellas decisiones europeas que establecen posiciones comunes relacionadas con la moneda única ante instituciones y conferencias financieras internacionales, así como en las medidas que se adopten para la representación unificada en dichas instituciones y conferencias. Los países que no sean socios del euro tampoco podrán votar las recomendaciones dirigidas a los integrantes de la moneda única, «en el marco de la supervisión multilateral, incluidas las recomendaciones relativas a los programas de estabilidad y las advertencias», así como les medidas que se adopten con los socios del euro que se encuentren en déficits excesivos.