Euskadi mantiene la querella contra Atutxa por no disolver a Batasuna
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) hizo pública ayer su decisión de no archivar la causa abierta contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), y los miembros de la Mesa de la cámara Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (Ezker Batua), a quienes el fiscal acusa de desobediencia por urdir una estratagema para cumplir la orden del Tribunal Supremo de disolver el agrupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, considerado heredero de Batasuna, ilegalizada por su vinculación a ETA. Con esta decisión, el alto tribunal vasco rechaza el recurso presentado por Atutxa, Knörr y Bilbao. En la vista celebrada el pasado día 27, los defensores de estos tres políticos defendieron la legalidad de la actuación de los acusados cuando se negaron a disolver el grupo de SA, al estar amparados por el principio de inviolabilidad parlamentaria, argumento que ha sido rechazado por la sala. El tribunal se inclina por asumir los argumentos de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerce el colectivo Manos Limpias, proclives a la celebración del juicio oral contra los acusados dada su reiterada actividad tendente a impedir la ejecución de la sentencia del Supremo que ilegalizó Batasuna y todas sus organizaciones afines, criterio que hizo extensible a su grupo parlamentario. La decisión del alto tribunal vasco devuelve el sumario a su instructora, la magistrado Nekane Bolado, que debe continuar la instrucción y resolver si es necesario practicar todavía nuevas pruebas. En caso negativa, deberá volver a decidir si archiva el caso o abre el juicio oral contra los acusados. A lo largo de la instrucción de la causa, además de Atutxa, Knörr y Bilbao, también fueron imputados los portavoces parlamentarios del PNV (Joseba Egibar) y EA (Rafael Larreina). Caso de decantarse por el juicio, todos ello serían juzgados por un presunto delito de «desobediencia» penado con multa de tres a doce años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo público por un periodo de entre seis meses y dos años, lo que les obligaría a presentar la dimisión y a abandonar el escaño.