El PSOE defiende una regularización «generosa» frente a «papeles para todos»

El Partido Popular reaccionó ayer duramente al anuncio del Gobierno de que regulizará a los inmigrantes que puedan acreditar que tienen un contrato de trabajo. Mariano Rajoy acusó al Ejecutivo de Zapatero de aplicar la política de «papeles para todos, sin decirlo», lo que en su opinión «puede generar un efecto llamada de considerables proporciones». El secretario general de los populares afirmó que es lo contrario que se «está haciendo en todos y cada uno de los países de la Unión Europea». Asimismo, denunció que ya se han regularizado a «más de 100.000 personas, algunas por vía de silencio administrativo y otras que habían cometido actos delictivos». Con ello, dijo, se está transmitiendo el mensaje de que «aquí vale todo». También censuró que ante el «enorme problema de inmigración» que se concreta en el aumento del número de pateras que han llegado a las costas españolas, el Gobierno se limite a anunciar que «se va a legalizar la situación de muchísimos miles de personas que están en situación ilegal». El PP, en bloque Varios dirigentes del PP se expresaron en igual sentido. Su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, advirtió que las medidas del Go-bierno favorecen la actividad de las mafias y podrían incrementar los riesgos de precariedad laboral. Por su lado, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, confirmó que el Gobierno procederá a la normalización con «la máxima generosidad». Pero puntualizó que el PSOE nunca ha defendido los «papeles para todos» y que las medidas sólo afectarán «a las personas que el Gobierno del PP dejó aquí como irregulares, no al que llegó ayer o al que llegue hoy». Rumí afirmó que se trata de poner orden en la «situación caótica» heredada del PP, que se tradujo en que al final de la anterior legislatura había más de 2,5 millones de extranjeros empadronados y menos de un millón y medio estaban afiliados a la Seguridad Social. El anuncio del Gobierno recibió críticas también por parte de diversas organizaciones sociales, sobre todo por su falta de concreción. UGT lo calificó de «inmaduro e imprudente» porque puede crear falsas expectativas. La ONG SOS Racismo pidió al Ejecutivo que «no genere incertidumbre» y que «no juegue con la vida de seres humanos». También resultó polémica la propuesta del Ejecutivo para que sean los empresarios quienes decidan qué inmigrantes indocumentados pueden acogerse al proceso de regularación que pondrá en marcha en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. Atime (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España) criticó que se deje en manos exclusivamente de los empresarios, porque «no tienen autoridad jurídica y administrativa». «La medida no va a afectar ni al inmigrante clandestino que llegó ayer ni al que pueda llegar hoy o los próximos días» CONSUELO RUMÍ Secretaria de Inmigración