«La inmigración debe ser ordenada y vinculada al mercado del trabajo»

Llegó al peor ministerio en el peor momento posible. El 11-M lo obligó a replantearse el papel de su departamento. Las bombas de ETA en las costas del norte, la intensidad del flujo inmigrante y una densa campaña para reducir los accidentes y las víctimas en la carretera lo han mantenido todo el verano a pie de obra. Además, el Partido Popular lo tiene señalado como blanco de su ataque político al Ejecutivo. No ha descansado desde que asumió la cartera, pero ya está preparado para afrontar el curso que formalmente comienza hoy mismo. En una entrevista exclusiva para el Diario de León, este leonés de 45 años, juez convertido en político y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero, reflexiona sobre su papel y el del Gobierno en algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. -Tras casi veinte años de ejercicio profesional se apartó de la carrera judicial para dedicarse a la política a partir de la elección como diputado por León. Transcurridos ya unos meses desde entonces, ¿qué le ha llamado especialmente la atención en una actividad desconocida para usted? -Bueno, tienes que manejar otro lenguaje y otros tiempos, y existe mucha más presión social y mediática, lógicamente. Pero, llevo veinte años en la vida pública y la verdad es que ya tenía cierta costumbre -Después de la victoria socialista del 14-M se especuló, a la vista de su trayectoria anterior, con que sería ministro de Justicia, ámbito en el que probablemente se hubiera desenvuelto con mayor comodidad ¿Tuvo la sensación, al asumir la cartera de Interior, sin duda el ministerio más complejo y probablemente al de mayor responsabilidad política por las circunstancias que vive este país, de que le había tocado un marrón? -La verdad es que el Ministerio de Interior es uno de los departamentos más complejos de cualquier Gobierno, objetivamente hablando. Pero la política, a estos niveles, tienes que aceptarla con todo lo que conlleva, y con todas las ganas y la fuerza de que seas capaz. -Fue usted compañero de estudios y es amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué parte de compromiso personal con el presidente del Gobierno hay en la asunción de una tarea tan poco gratificante en lo político y de tanto exigencia y tanto sacrificio en lo personal? -Ya lo he dicho en otras ocasiones: el presidente del Gobierno y yo tenemos una relación de confianza política; pero, ciertamente, esa relación se refuerza con la confianza personal, exactamente igual que le ocurre con otros muchos colaboradores que tiene en la política. -Dos incidentes verbales con Mariano Rajoy y Ángel Acebes, y probablemente esa relación personal con el presidente del Gobierno ala que alidíamos, lo señalaron como primer blanco de las críticas de la oposición, ahora llevadas a otro ámbito. ¿Por qué cree que ha desistido el PP de esa actitud, porque no halló el filón que buscaba o porque su gestión en Interior lo ha dejado sin argumentos? -Creo que la gestión del ministerio está siendo sensata y responsable. Además, creo que no es bueno que Interior esté metido en refriegas coyunturales, porque es un ministerio de Estado. Espero que todo el arco político democrático comparta esta idea. -¿Cuál es su visión general del problema del terrorismo? ¿Es necesario hablar de distintos terrorismos por su tipología? -Todos los terrorismos son iguales en sus fines, ya que todos tratan de desestabilizar le democracia mediante la violencia. En su estructura interna y en su dimensión son distintos: el terrorismo internacional es un terrorismo global, afecta a una multiplicidad de países, no sólo a una nación, de modo que la respuesta al mismo exige un más amplio nivel de coordinación política y policial entre varios estados o conjuntos de estados, como la Unión Europea. -La asunción por parte del terrorismo islámico de la autoría de los atentados del 11-M y la interpretación del desarrollo de los hechos y las circunstancias al que se ha llegado gracias a la comisión de investigación puso en evidencia esa imprevisión del Estado frente a ese tipo de terrorismo a la que usted hizo referencia y que provocó virulentas descalificaciones por parte de su predecesor. ¿Qué se ha avanzado desde entonces en la lucha contra la amenaza terrorista de origen islámico? -Hemos hecho tres tareas fundamentales. Primero, triplicar el número de efectivos (agentes, intérpretes, etcétera) dedicados al terrorismo internacional en los servicios competentes de policía y Guardia Civil. Segundo, crear el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, para sumar esfuerzos. Y tercero, empezar a mejorar algunas normas, por ejemplo, las que se refieren al control de explosivos o a la detección de los recursos financieros del terrorismo. Tengo que decir que en esos caminos vamos a profundizar en el futuro. Es una tarea ardua, de años, que tiene que hacerse sobre el consenso de todos los demócratas. -¿Sería necesario algún tipo de reforma legal o administrativa que facilitase la labor de las fuerzas de seguridad del Estado? -He citado algunas, relativas al control de explosivos y a la represión de la financiación del terrorismo. Habrá otras en el futuro, que quiero compartir con todos los partidos políticos democráticos. -¿Están en la cárcel todos los autores de la matanza del 11-M? -Están en la cárcel buena parte de ellos. Y estamos detrás del resto. -¿Los ciudadanos españoles corremos el riesgo de que se repitan ese tipo de atentados terroristas? -El riesgo de un atentado terrorista siempre existe. La tarea del poder público es hacer todo lo posible para evitarlo y liderar una respuesta política, social y policial solvente frente al terrorismo. Naturalmente, no podemos hacer imposibles, pero tenemos que apurar al cien por cien nuestros recursos, para ponérselo cada vez más difícil a los terroristas. -A la vista de la sociedad, la crueldad del 11-M dejó en un segundo plano al terrorismo etarra, que desde entonces sólo se ha manifestado en la colocación de pequeños artefactos explosivos en puntos de la costa, probablemente por parte de personas reclutadas de la lucha callejera. ¿Está ETA tan debilitada como parece? -ETA no tiene ningún futuro político ni social. Y debe saberlo. Pero, a pesar de su decadencia, conserva capacidad de hacer daño. Por lo tanto, desde el Gobierno mantenemos el máximo nivel de alerta policial, algo que quiero dejar claro. -¿Cree que el aparente debilitamiento de la banda se debe a cuestiones puramente técnicas u operativas o simplemente a que cada vez cuenta con menor cobertura social y política? -A un conjunto de medidas. La presión policial, las detenciones, la política penitenciaria y la prevención y represión del terrorismo callejero, en primer lugar; pero también la presión a su entorno social y a sus recursos financieros; en tercer extremo, la colaboración francesa y, en general de los países de la Unión Europea es, además, de una importancia decisiva. -En el caso del terrorismo etarra, ¿qué importancia le concede a la lucha por la vía política frente al combate por la vía policial? -ETA es delincuencia terrorista, y por ello la labor de las fuerzas de seguridad del Estado y la de los jueces es esencial. Pero es decisivo mantener el suelo político que constituye el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. -¿Sería planteable el diálogo con la organización si hubiese un compromiso de entrega de las armas? -ETA debe desaparecer. Sin más. Cualquier otra consideración, sobra en estos momentos. -¿En qué medida lo dificulta el plan Ibarretxe? -El plan Ibarretxe es claramente inconstitucional, pero la respuesta al mismo debe ser desvinculada de la respuesta al terrorismo. -¿Considera necesario un cambio de criterios y de actitudes para sustentar la unidad política y el pacto frente al terrorismo? -Los socialistas creemos necesario mantener el actual pacto contra el terrorismo de ETA, y elaborar uno específico contra el terrorismo internacional, con dos criterios claros: que se sumen todas las fuerzas políticas democráticas y que se deje claro en el mismo que no se puede debilitar la lucha contra el terrorismo por refriegas políticas y que nunca vamos a ceder al chantaje de los terroristas. -Durante la campaña electoral, una de las propuestas del ahora presidente del Gobierno fue la de imponer un mando único para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. ¿La unificación del mando es un primer paso hacia la unificación plena de los cuerpos? ¿Es planteable desde la actual situación de ambos? -No vamos a unificar la policía y la Guardia Civil. Son cuerpos distintos, que deben seguir separados, porque su naturaleza es muy diferente. Pero estamos mejorando la coordinación a diversos niveles entre ambos, que es la cuestión clave y uno de nuestros objetivos. -Se anunció, por parte de Rodríguez Zapatero y posteriormente de usted mismo, un incremento de 36.000 miembros en los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué repercusión tendrá esta medida en la seguridad ciudadana? -Para mejorar la seguridad ciudadana hay que poner más policía en las calles, sobre todo en los horarios más sensibles y en las zonas más complicadas, aglomeraciones, medios de transporte, etcétera. Pero, además, hay que dar presencia a las policías locales y mejorar la comunicación con los ciudadanos y las víctimas. -En la cuota que corresponde a Interior, ¿qué medidas se van a tomar para frenar la escalada de violencia conyugal o sexista? -El Gobierno aprobó el pasado 7 de mayo un Plan de Medidas Urgentes para la Prevención de la Violencia de Género, como paso previo a la Ley Integral. En ese plan, el Ejecutivo se comprometía a aumentar hasta 450 los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializados en la asistencia y protección a las mujeres maltratadas. El objetivo a corto plazo es disponer de 200 agentes en las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos a la mujer del Cuerpo Nacional de Policía. Ahora contamos con 120 agentes formados e incorporados y otros 80 que recibirán los cursos de formación en otoño y se incorporarán de inmediato a estas labores. En el caso de la Guardia Civil, contaremos en otoño con 190 efectivos de los 250 previstos. Ahora tenemos 163 agentes incorporados y otros 27 iniciarán en septiembre la formación específica. La Secretaría de Estado de Seguridad se ha fijado como una prioridad convocar las 60 plazas restantes. -¿Y para la reinserción de los pequeños delincuentes? -La reinserción de los pequeños delincuentes es un tema complejo. Hay que actuar en el sistema penitenciario y también a nivel social; la integración a través del trabajo es decisiva, como lo es la deshabituación de las drogas. -La voluntad del Gobierno de integrar a todos los inmigrantes que demuestren una relación laboral ha desatado agrias críticas por parte del PP y de los nacionalistas catalanes. Estamos hablando de un millón de personas. ¿Cree que la solución al problema debe orientarse por ese camino? ¿Qué debería hacerse con los demás? -La política del Gobierno en materia de inmigración es clara. Queremos una inmigración ordenada, y para ello hay que vincularla a las posibilidades del mercado laboral. Es decir, podemos recibir a los inmigrantes a los que nos sea posible dar trabajo. Ese es un techo objetivo. Los inmigrantes irregulares no pueden ser asumidos, por desgracia. Pero, a partir de ahí, debemos hacer el máximo esfuerzo humanitario, luchar con toda la fuerza contra las mafias de la inmigración y, desde la Unión Europea, invertir recursos en los países de origen. -¿Dispone el Estado de suficientes medios para el control de las fronteras y del flujo inmigrante, especialmente intenso en las últimas semanas? -Disponemos de recursos suficientes para el control de las fronteras, aunque todo es mejorable, evidentemente. Pero los números son claros. El drama humano de las pateras, el número de inmigrantes en pateras ha tenido este año las mismas magnitudes que el anterior, pero han disminuido significativamente los naufragios, los fallecimientos y los desaparecidos. Insisto en que tenemos que realizar el mayor esfuerzo humanitario y la máxima represión de las mafias. -Usted formó parte de la delegación que acompañó al presidente del Gobierno en su primer viaje a Marruecos. ¿Qué pasos se han dado para fortalecer la colaboración con ese y otros países? -La relación con Marruecos ha mejorado sensiblemente a todos los niveles. El viaje tenía ese objetivo genérico. Marruecos y España están colaborando más y mejor en temas tales como la inmigración y la cooperación policial. -En una de sus primeras apariciones en público como ministro, precisamente en León, usted anunció la voluntad de la Administración de implantar el carné de conducir por puntos, siguiendo el modelo ensayado con notable éxito en Francia y más alto en Italia. ¿Qué se ha avanzado en esa cuestión en cuanto a definir los plazos y los procedimientos? -Nuestro objetivo es tener listo el carné de conducir por puntos antes del próximo verano. Es el tiempo mínimo indispensable, ya que hay que reformar la ley y desarrollar los aspectos administrativos derivados del nuevo carné. -La reducción del número de muertes y accidentes en la carretera es un objetivo prioritario para su departamento. De hecho, las campañas de concienciación de la gravedad del problema y la vigilancia policial han sido intensísimas en las últimas semanas. ¿Es suficiente con estas medidas o es necesario ampliarlas o buscar otras fórmulas? -Educación vial, vigilancia policial, mejora del parque de automóviles y de las carreteras y campañas contra la conducción con alcohol, contra el exceso de velocidad y contra las imprudencias son las claves de la lucha contra la violencia vial. Tengo que decir que hemos mejorado en más de un veinte por ciento las cifras de siniestros graves con relación al año anterior, pero ello no debe instalarnos en la autocomplacencia. Siempre apelo a la tolerancia cero frente al accidente de circulación. Desde la toma de posesión de su cargo, José Antonio Alonso asumió como propios los grandes asuntos que el Ministerio de Interior tenía pendientes en León. De ellos, en especial de la construcción del cuartel del GRS en La Virgen del Camino y de la dotación a San Andrés de una comisaría de policía, ha informado cada vez que ha venido a León. Así están las cosas. -Una de las promesas incumplidas por el anterior Gobierno es la construcción del cuartel del GRS en La Virgen del Camino, que usted asumió como compromiso político y personal ante los leoneses. ¿En qué situación se encuentra el proyecto? -La construcción del nuevo cuartel del GRS en La Virgen del Camino es un compromiso electoral que el presidente del Gobierno reiteró con motivo de la celebración del Consejo de Ministros del 23 de julio en León. En este momento se está elaborando el proyecto, que tendrá una inversión de 13,5 millones de euros y se ejecutará entre el año 2006 y el 2008. -Una vieja aspiración de San Andrés del Rabanedo, tercer municipio de la provincia por número de habitantes, es contar con su propia comisaría de policía. ¿Sigue teniendo viabilidad este proyecto? -La comisaría de San Andrés se construirá esta legislatura. El proyecto ya está contemplado en el programa de creación de nuevas comisarías de policía de la Dirección General de Policía y actualmente el ministerio mantiene contactos con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para concretar de manera definitiva los terrenos en los que se ubicará el edificio. -Los sindicatos policiales denuncian de forma reiterada en los últimos años el envejecimiento de la plantilla que las fuerzas de seguridad del Estado destinan a las comisarías de la provincia, en especial la de la capital. ¿La incorporación prevista de nuevos agentes será suficiente para saldar las demandas sindicales? -A lo largo de la legislatura haremos un esfuerzo de acuerdo con nuestros compromisos electorales para incrementar el número de agentes dedicados a la seguridad ciudadana y mejorar sus condiciones de trabajo y también su formación. Pero este es un esfuerzo de años, puesto que en los últimos tiempos las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han reducido mucho. -Hay previsiones para cumplir con una de las peticiones generales que los alcaldes de localidades trasladan a la Subdelegación del Gobierno en León, la del incremento de fuerza de orden público en las zonas rurales. En ese mismo listado de sugerencias de los alcaldes leoneses aparece destacada la solicitud de reapertura de cuarteles de Guardia Civil donde fueron cerrados hace unos años. ¿Habrá reorganización de acuartelamientos conforme a la dispersión poblacional característica en la provincia? -El Ministerio del Interior que yo dirijo tiene muy en cuenta las opiniones de los alcaldes pero los recursos con los que contamos en la Guardia Civil son limitados y deben ser optimizados. Por ello, lo más razonable es concentrar esos recursos en los núcleos rurales que garanticen la prestación del mejor servicio para la mayor cantidad posible de ciudadanos. -El estado del cuartel de la Guardia Civil de Villablino es realmente lamentable. ¿Se planeará la construcción de uno nuevo, al igual que ocurrió en Ponferrada? -En estos momentos, al margen del nuevo cuartel del GRS de La Virgen del Camino, se están construyendo dos nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en Ponferrada y en Sahagún. El primero está previsto que se entregue en los próximos meses y el segundo, en el 2005. Además, tenemos prevista la construcción de un nuevo cuartel en Villablino y estamos desarrollando obras de reparaciones y mejora en los acuartelamientos de Astorga, Cistierna, Riaño, Matallana de Torío y Cármenes. -Los últimos datos sobre incidencia de criminalidad o registros de delitos desvelan un aumento de éstos en zonas rurales, mientras que descienden en el ámbito urbano. ¿Se tomarán medidas especiales para contrarrestar estas cifras? -La evolución global de las cifras de delincuencia en el conjunto del país es buena: en los últimos seis meses, la criminalidad ha descendido alrededor de un 3%. Seguiremos haciendo un esfuerzo en este sentido. A pesar de este descenso, somos conscientes de las especiales características del medio rural y, como le decía antes, vamos a hacer todo lo posible por optimizar los recursos que tenemos en esas zonas. -Según se desprende de las últimas reuniones celebradas por las distintas juntas locales de seguridad, el modelo de colaboración entre cuerpos policiales aporta resultados óptimos en el velo por la seguridad. ¿La colaboración institucional que plantea el Partido Socialista se va a basar en este modelo de actuación o se plantea a otro nivel? -El modelo de seguridad del PSOE pasa, entre otras cosas, por potenciar las juntas de seguridad en los diferentes niveles territoriales, incluidas las juntas locales de seguridad. Esas juntas tendrán como misión coordinar a las diferentes administraciones y desarrollar planes locales de seguridad ciudadana y de prevención y lucha contra la pequeña delincuencia. Queremos poner en valor a las policías locales, que disponen de un enorme capital humano y desempeñan un papel esencial para garantizar la seguridad de los ciudadanos.