El Poder Judicial prepara la salida de Ruiz Polanco de la Audiencia Nacional

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso ayer que el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco sea sancionado con un año de suspensión de empleo, que le acarrearía la pérdida de su puesto en ese órgano judicial, por entender que incurrió en una «falta muy grave» que propició, en febrero del 2003, la salida de prisión del etarra Ibai Ayensa. El consejo decidirá el 8 de septiembre, en reunión plenaria, si aparta de su puesto al magistrado, que fue suspendido de forma cautelar por este asunto el pasado 15 de marzo. La Comisión Disciplinaria elevó esa propuesta al pleno tras debatir ayer el caso. Cuatro de los cinco vocales que la integran se pronunciaron a favor de sancionar al juez, como había pedido el instructor del expediente disciplinario, y el quinto votó en contra. Sin embargo, los miembros de la Disciplinaria solicitaron una sanción aún más severa que los siete meses requeridos por el instructor en su informe. Fuentes del CGPJ señalaron que esa severidad se debe a que los jueces consideraron que los hechos por los que se debe castigar a Ruiz-Polanco son «muy graves» y «creen que la sanción más proporcionada es un año». Aún con los siete meses que pedía el instructor, Ruiz-Polanco habría perdido su destino en la Audiencia Nacional. La diferencia es que, al contarse como tiempo de sanción ya cumplido los meses que lleva apartado de sus funciones, podría volver a ejercer en apenas mes y medio, pues su suspensión cautelar se acordó el pasado 15 de marzo. La comisión cree que incurrió en una «falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales». El instructor del expediente considera que procedió a «una excarcelación, a todas luces indebida, de varios presos preventivos» porque retrasó cuatro días la comparecencia en su juzgado de los presuntos miembros de ETA Ibay y Miguel Ayensa, Francisco Ruiz y Arturo Fernández, a los que tenía que haber comunicado la prórroga de su prisión preventiva. No lo hizo porque viajó hasta Pamplona «sin autorización oficial» para asistir a la toma de posesión de un compañero de carrera. «Descuidada confianza» El retraso motivó que se decretara la puesta en libertad de los cuatro supuestos terroristas en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a contar el tiempo de reclusión desde el día de la detención y no de entrada en prisión, aunque sólo Ibai Ayensa quedó en libertad a todos los efectos, pues los otros se encontraban encarcelados por otras causas. La Fiscalía emitió en su día un informe en el que atribuyó el error a la «descuidada confianza» del Ruiz-Polanco y al «descontrol de los sumarios» en su juzgado. No obstante, reconoció que todos los juzgados centrales de instrucción sufren una carga de trabajo «que no todos los jueces, incluso siendo competentes, son capaces de atender adecuadamente». En su escrito de alegaciones, el juez achacó lo sucedido a la actuación de algunos funcionarios de su juzgado y se quejó de la escasa cualificación de algunos de ellos.