El abandono del patrimonio no paga multas Bienes muebles en manos de anticuarios

La normativa de la Junta sobre patrimonio histórico-artístico obliga genéricamente a sus propietarios, ya sean públicos o particulares, a su «conservación, custodia y protección», advirtiéndose que, en caso de incumplimiento, la administración autonómica puede actuar de forma subsidiaria, pasándoles después factura. Falta, sin embargo, un reglamento que detalle punto por punto cada supuesto, por ejemplo, cuando ni los propietarios ni la Junta disponen de fondos para ejecutar las necesarias restauraciones. Teóricamente la ley también contempla sanciones para los dueños de bienes culturales que los dejen en abandono, pero hasta ahora no se ha impuesto ninguna, salvo cuando se ha intentado realizar obras ilegales o, simplemente, derribar los edificios protegidos. De momento la Junta se limita a procurar que el catálogo de inmuebles a proteger siga en pie, para lo cual gastará este año 0,8 millones de euros en una decena de obras de máxima urgencia, la mitad de esta cifra en León capital. El patrimonio en bienes muebles que contenían los viejos edificios ahora en semirruina, como fondos bibliotecarios, pinturas, colecciones de arte de cualquier tipo, etcétera, se ha evaporado hace ya tiempo, según los técnicos de la Junta. Sólo una exigua minoría de propietarios particulares los mantienen a buen recaudo, pero no necesariamente en su lugar de origen. Los obispados de León y Astorga y la Junta están elaborando desde hace dos décadas un catálogo de bienes de arte sacro, que incluye retablos, piezas de orfebrería, archivos documentales, de todo tipo de imaginería, etcétera, que aún no ha sido completado ni informatizado. Incluye fichas, fotografías, textos, descripción y detalles sobre el estado de conservación de cada pieza y otros para que las obras puedan ser identificadas en caso de robo o de compraventa ilegal para evitar expolios, «porque lo que pueda estar ya en manos de anticuarios es incalculable».