La juez ordena exhumar los cuerpos de los militares del Yak mal identificados

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ordenó ayer desenterrar los cadáveres de los 30 militares que fallecieron en el accidente del Yak-42 que fueron mal identificados. Los féretros quedarán a disposición de las autoridades para extraer de los restos que contienen -algunos tienen fragmentos de más de una persona- muestras de ADN, que se cruzarán con las tomadas por las autoridades turcas el día del siniestro y las aportadas por los familiares al objeto de certificar, ahora sin errores, su identidad. Sólo una vez haya concluido este proceso, la juez ordenará entregar a cada familia el cuerpo que le corresponde. La juez Palacios decidió ayer acceder a todas las peticiones que le formuló el pasado lunes el fiscal del caso, Fernando Burgos. Así, ordena crear una comisión judicial, integrada por un forense y un biólogo jurídicos, que supervise la manipulación, custodia y conservación de los cuerpos, y que realice los análisis con ayuda de expertos. A tales efectos, autoriza a realizar las peticiones de auxilio necesarias. Cuatro imputados También llama a declarar como imputados a los cuatro mandos militares que se hicieron cargo en Turquía de la recepción y de la supuesta identificación de los restos, porque podrían haber incurrido en delitos de falsedad documental o prevaricación. Se trata de un comandante médico y un capitán médico -que extendieron los partes de las autopsias-, y de dos generales de División -enviados a la reserva por los actuales responsables del Ministerio de Defensa-, que coordinaron la operación y firmaron el acta de entrega de los cuerpos. En aquel documento, las autoridades turcas advierten de que sólo habían podido identificar de forma correcta a 32 de los soldados fallecidos. Para certificar la filiación de los 30 restantes, indicaban que era preciso llevar a cabo análisis de ADN que los oficiales españoles se comprometieron a realizar. Pero en vez de eso distribuyeron los restos a toda prisa y sin ton ni son en 30 ataúdes y a cada uno le asignaron un nombre al azar. No acertaron ni en una sola ocasión. Las familias pudieron descubrir el error gracias a que viajaron a Turquía y dejaron muestras de ADN que pudieron compararse con los contrastes que, por precaución, guardaron las autoridades turcas. Ese proceso, realizado el pasado mes de mayo, permitió identificar de manera correcta a los cadáveres, pero la juez, siguiendo las indicaciones del fiscal, ha optado por repetir las pruebas directamente sobre los restos, para despejar de manera definitiva cualquier duda sobre las filiaciones. Los familiares de las víctimas acogieron con satisfacción la decisión de poner en marcha las exhumaciones, pues se quejaban de que en los últimos meses la juez y el fiscal no habían adoptado ninguna decisión sobre el caso. El pasado viernes, el propio ministro de Defensa, José Bono, urgió a las autoridades judiciales a no demorar más su decisión por «el drama humano» que viven las familias debido a la catástrofe y a la incertidumbre sobre la filiación de los restos que enterraron.