Los socialistas piden explicaciones por la «imprevisión» previa al 11-M

PSOE y PP solicitaron al Ministerio del Interior que entregue a la comisión del 11-M la grabación de una conversación entre un confidente de la Guardia Civil y su contacto, en la que el primero sostuvo hace tres años que dos delincuentes, que a la postre resultaron imputados por los atentados, decían que podían confeccionar bombas que detonarían mediante la activación de teléfonos móviles. Ambos partidos sólo coincidieron en este punto porque en el resto mantuvieron su batalla particular. Los socialistas anunciaron que pedirán cuentas a José María Aznar cuando declare por «el cúmulo» de imprevisiones. Los populares advirtieron que no permitirán que la investigación se cierre sin que se celebren todas las comparecencias que han pedido. Las dos fuerzas mayoritarias quieren conocer la grabación de la charla entre un confidente llamado Francisco Javier Lavandero y el agente Jesús Campillo Veiga en la que el colaborador de la Guardia Civil sostiene que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras, implicados en la trama asturiana que proporcionó la 'goma dos' al comando del 11-M, tenían conocimientos ya en 2001 para activar artefactos explosivos mediante teléfonos móviles. El método que emplearon los terroristas en la masacre de los trenes en Madrid. En la conversación, divulgada por un diario editado en Madrid, el confidente denuncia a su contacto de la Guardia Civil que Toro y Suárez Trashorras manejaban, ya por entonces, grandes cantidades de dinamita que pretendían vender. El PSOE quiere conocer la grabación para demostrar que el anterior Ejecutivo de José María Aznar cometió «semejante cúmulo de imprevisiones y fallos» que explican que no se pudieran prevenir los atentados. El PP, en cambio, pretende demostrar que Toro y Suárez Trashorras, ahora encarcelados por su participación en la matanza, no eran simples traficantes de explosivos al por menor, sino que tenían relaciones con grupos terroristas, entre ellos ETA. Preguntas a Aznar El secretario general del grupo socialista, Diego López Garrido, anunció que sus comisionados preguntarán a Aznar, cuando comparezca el 22 de noviembre, y al ex secretario de seguridad Ignacio Astarloa que expliquen las razones por las que estos hechos no fueron investigados por el Ministerio del Interior que en el 2001 dirigía Mariano Rajoy y en los años posteriores Ángel Acebes. Hubo, acotó el dirigente del PSOE, «gran imprevisión y gran descoordinación» durante esos años que fueron «una época muy criticable» en la lucha contra el terrorismo islamista del que ya había indicios de su presencia en España. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, quien investiga el 11-M, amplió ayer la imputación que había contra el confidente Rafá Zouhier por colaboración con banda armada con otro delito de tenencia ilícita de explosivos, de acuerdo con lo que en su día solicitó la fiscal adscrita al caso, Olga Sánchez. «Soy inocente. Yo quiero mucho a España y aunque me condenen voy a querer a España igual», dijo Zouhier a los periodistas.