Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
«Apostaremos por un trato diferenciado de lo que ya es distinto»
«Nadie mejor que Castilla y León sabe lo que hay que hacer en Castilla y León», sentencia
Acaba de llegar de Bruselas y en el trayecto Madrid-Valladolid da respuesta por teléfono a las dudas fundamentales que plantea la polémica sentencia del Tribunal Constitucional. Si hay algo que tiene claro el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León es que el futuro no va por la unificación de la gestión en los parques nacionales y menos en Picos de Europa, el espacio protegido donde la aplicación de la reciente resolución judicial será el proceso más complejo de los trece parques. -¿Qué lectura hace de la sentencia del Constitucional? -Hace sólo unos días que ha sido dictada, pero lo más claro que tenemos por ahora es que Picos de Europa será el más difícil para aplicar la sentencia porque es el único que se encuentra en tres comunidades distintas. Desde luego, el tiempo avanza y parece que lo que dice el Constitucional tiende a que se produzca una adaptación a las características de cada territorio y no a la unificación de criterios en la gestión. -Eso en cuanto a lo jurídico, pero ¿cuál es el análisis institucional? -Para hablar sobre eso hay que conocer los deseos de cada comunidad autónoma -Asturias (PSOE) y Cantabria (Partido Regionalista de Cantabria)- y del Gobierno de la nación. Nuestra visión es que no hay inconveniente en que siga teniendo la denominación de parque nacional porque sabemos que es un territorio común de todos los españoles. -¿Y cómo va a enfocar la gestión? -La gestión debe adaptarse a las peculiaridades de cada comunidad autónoma. Ese planteamiento hace compatible que un parque nacional pueda ser gobernado por las autonomías. -Pero no hay duda que existen muchas divergencias entre Cantabria, Asturias y Castilla y León en cuanto a cómo hay gestionar el parque. -Hay muchas diferencias en cuanto a los planteamientos de los usos y la gestión, lo que no significa que puedan ser superadas, sino todo lo contrario. Por eso mismo, con más motivo esas divergencias deben servirnos para hacer políticas diferenciadas y apostar por el modelo de gestión de la sentencia, que no va por el camino de la uniformidad; sería absurdo que la sentencia se aplicara en este sentido. -¿Qué va a pasar ahora? -Lo primero que hace la sentencia es poner en manos del Gobierno la capacidad para iniciar el proceso de transferencia de competencias a las comunidades autónomas, para lo que se tendrá que crear una comisión mixta entre todas las partes para negociar el cambio, que supondrá adaptar la gestión a las singularidades. -Hay una diferencia histórica entre Castilla y León, partidaria de respetar aprovechamientos y usos como la caza y la pesca, y el resto de comunidades, negativas a cualquier intervención en el espacio protegido. ¿Cómo va a solucionar este conflicto? -Hay que tener muy en cuenta que Picos de Europa es de los pocos espacios protegidos donde hay núcleos de población en su interior. No por eso han tenido un mejor trato, sino todo lo contrario. Llevamos años en los que la mayor parte de las inversiones que se han ejecutado en el parque nacional se han ido a otras comunidades. Los derechos de esos vecinos no han sido reconocidos desde que se amplió Picos de Europa e incluyó en su territorio a los municipios leoneses de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre. Ahora hay una sentencia y apostaremos por un trato diferenciado de lo que es distinto. -Da la sensación de que no ha existido diálogo en este tripartito. -Ahora se inicia el diálogo con las otras dos comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Hay cosas que tenemos que coordinar en común. Habrá colaboración en lo relativo a la promoción y la imagen de marca del parque nacional, pero la negociación de los usos y aprovechamientos es otra cosa. Desde luego, no estamos reñidos entre nosotros y hay buen entendimiento por parte de las autonomías, pero nadie mejor que Castilla y León sabe lo que hay que hacer en Castilla y León.