El Gobierno opta por presentar una nueva reforma del Poder Judicial

José Luis Rodríguez Zapatero convocó para hoy un Consejo de Ministros extraordinario que aprobará una nueva redacción de la reforma de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. El jefe del Gobierno tomó la decisión para sortear los obstáculos que puso el presidente del Congreso, el también socialista Manuel Marín, quien se negó a alterar el orden día del próximo jueves para repetir la votación del texto rechazado por la cámara al no obtener los 176 votos de la mayoría absoluta y quedarse en 169. Fuentes gubernamentales señalaron que la excepcional medida se adoptó «ante las dudas jurídicas surgidas» sobre la viabilidad de repetir la votación esta semana, como era la intención del presidente del Ejecutivo, y ante «la importancia» del proyecto. La discrepancia radica en que el Gobierno y el PSOE creen suficiente con que dos grupos o la quinta parte de los diputados, como señala un artículo del reglamento del Congreso, soliciten en el pleno del próximo jueves el cambio de orden del día para incluir la reforma de la ley del Poder Judicial rechazada la semana anterior. El presidente de la cámara, en cambio y con el respaldo del PP, sostienen que es necesaria la unanimidad de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces para modificar la agenda del pleno. Un consenso que es imposible por la negativa de los populares a alterar el orden del día. El Ejecutivo para evitar un conflicto en toda regla con el presidente del Congreso optó por aprobar un nuevo texto de reforma de la ley que será votado en el pleno de la semana del 13 al 19 de diciembre porque en la semana del 6 al12 no hay sesiones plenarias por conmemorarse el lunes el 26 aniversario de la aprobación de la Constitución y ser festivo el 8 de diciembre. Los cálculos gubernamentales apuntan a que si es aprobado en la segunda semana de diciembre pasaría a continuación al Senado, cámara en la que también se tramitaría por el procedimiento de lectura única y estaría aprobado antes de fin de año. Las prisas del Gobierno obedecen a que en enero y febrero hay que renovar 11 plazas del Tribunal Supremo, entre ellas cuatro presidentes de sala, y varios responsables de tribunales de justicia, y si no está aprobada la reforma el sistema de elección sería el vigente, es decir la mayoría absoluta entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Con esta fórmula la mayoría conservadora y afín al PP del órgano de gobierno de la judicatura se garantizaría la designación de magistrados de su misma tendencia.