La compensación por eliminar el IAE esun millón de euros menor de lo pactado

La compensación económica derivada de la supresión del IAE ha sido insuficiente para los pequeños municipios leoneses, que han perdido en conjunto un millón de euros desde que los empresarios están exentos de pagar este impuesto a los ayuntamientos. Según los datos facilitados por el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de León, los ayuntamientos han sido compensados con 2,1 millones de euros, uno menos de lo que ingresaban antes de la reforma. Esta situación ha provocado cierto malestar entre muchos alcaldes, puesto que la presión fiscal de los ayuntamientos leoneses está ya de por sí muy mermada y apenas tiene repercusión en el presupuesto -sólo el 40% de los ingresos proceden del cobro de tasas e impuestos-, casi siempre dependiente de las subvenciones. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario Clemente Checa Fernández, a petición de la federación de municipios, ha elaborado un informe que constatalos perjuicios económicos originados a las entidades locales por los beneficios fiscales introducidos en el IAE. «En vez de suprimir el impuesto, como parecía lo más aconsejable y así había sido prometido en su momento por el Gobierno, la modificiación ha conllevado un evidente perjuicio económico para las entidades locales, del que estas no han sido resarcidas a través del desacertado sistema de compensación establecido». Demoledor con Aznar El informe, demoledor con las consecuencias que ha tenido la reforma de Aznar, subraya que la situación sería ahora otra si el Gobierno hubiese reconocido «sin subterfugios» que los ayuntamientos «tenían derecho a percibir las cantidades reales y efectivas que iban a dejar de ingresar en el futuro». «Es evidente -añade el catedrático- que eso en ningún modo se ha producido, puesto que las compensaciones no están cubriendo la pérdida ocasionada a las entidades locales». La razón por la que esa pérdida no ha sido compensada totalmente es porque la cantidad que el Estado se comprometió a pagar es la diferencia entre la recaudación del año 2003 y la del año 2000. Pero en esta operación hay trampa porque ya en el año 2003 se estaban aplicando los beneficios fiscales a los empresarios que fueron exentos del pago de este tributo, de forma que los ingresos ya eran mucho menores de los que se hubiesen producido si la ley de reforma no hubiera sido promulgada. Se hizo con desconfianza El catedrático señala que el hecho de que se comparasen los años 2003 y 2000 y no 2003 con el 2002 no es casual, sino que es fruto de la «desconfianza» que el legislador tenía en los ayuntamientos, seguramente temiendo que éstos elevasen la deuda tributaria de este impuesto. «Disfrácese como se quiera, pero todo esto implica un atentado al principio de suficiencia financiera garantizado en el artículo 142 de la Constitución», indica Clemente Checa. Se vulnera, además, con la pretensión de que estas compensaciones tengan en cuenta también las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de los municipios procedentes de los tributos respecto a los cuales se establezcan los beneficios fiscales.