Protocolo especial para las reformas de los estatutos

Marín quería establecer un protocolo especial para las reformas que se avecinan, las de Cataluña y Andalucía, además de la de Euskadi, pero la aprobación del proyecto en el Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre echó por tierra sus planes. Por no estar claro, no lo está ni qué vía se va a emplear para tomar en consideración la iniciativa de la cámara de Vitoria. Se podría apelar al artículo 127 del Reglamento del Congreso, que regula las proposiciones de ley de las comunidades autónomas y que determina que la Mesa de la cámara calificará si el texto cumple los requisitos legales. Si es así, el Gobierno tendría 30 días para dar su conformidad, y si transcurrido el plazo no pone objeciones el proyecto queda listo para ser incluido en el orden del día cuando lo acuerde la Junta de Portavoces. También sería factible aplicar una resolución de la Presidencia del Congreso de 1993 que establece un recorrido más rápido. Otra de las ideas que se maneja, siempre que la propuesta supere el filtro de la toma en consideración, es la creación de una comisión mixta con miembros del Congreso y Parlamento vasco que negocien y debatan la proposición de ley y las enmiendas al mismo. Una segunda alternativa es constituir una comisión especial ad-hoc para tratar la propuesta con miembros de todos los grupos parlamentarios de la cámara baja. El problema radica en que el artículo 126 del reglamento del Congreso, que data de 1982, habla de que en caso de que el pleno apruebe la toma en consideración, «la Mesa de la Cámara acordará su envío a la comisión correspondiente» sin más precisiones. El obstáculo es que el debate puede prolongarse y cruzarse con las elecciones autonómicas del País Vasco.