El Congreso admite el plan Ibarretxe para su debate en pleno
El plan Ibarretxe superó ayer el primer obstáculo en el Parlamento español, que dio inicio a su tramitación en el Congreso por acuerdo de la mesa de la Cámara para su debate en el pleno. La mayoría socialista, con los votos de Izquierda Unida y Convergencia i Unió, decidió admitir a trámite la propuesta de la cámara vasca, con la oposición de los diputados del PP, que la consideran ilegal e inconstitucional. La Mesa acordó la tramitación del proyecto como una propuesta de reforma del Estatuto de Guernica y rechazó la batería de argumentos esgrimidos por los populares. La vicepresidenta de la cámara baja, Carme Chacón, explicó al término de la reunión del órgano de gobierno que se adoptó «una decisión fundada en Derecho, en sentencias del Constitucional y el Reglamento de la Cámara», que aconsejan admitir la iniciativa remitida por el Parlamento vasco para que sea debatida por el pleno. La socialista no sólo destacó el valor legal del acuerdo, sino que señaló que también se trata de «una decisión políticamente conveniente». Los argumentos del PP Los cuatro parlamentarios del PP que integran la Mesa expusieron con detalle todos los informes sobre los que basaron su rechazo a la tramitación del plan Ibarretxe por razones estrictamente jurídicas. El vicepresidente Gabriel Cisneros aseguró que la iniciativa remitida por el Parlamento vasco, «bajo la apariencia de una reforma estatutaria, contiene no sólo una reforma de la Constitución sino una auténtica demolición del orden constitucional». Artículo por artículo, los populares trataron de justificar la inconstitucionalidad de la norma y, en concreto, destacaron el hecho de que ignora los artículos 1 y 2 de la carta magna, que establece que la soberanía reside en el pueblo español, único capaz de abrir un proceso constituyente. Señalaron también vicios de origen de la propuesta, así como otros de carácter procesal. Mientras los populares insistieron en que el Parlamento no puede admitir a trámite una propuesta «fraudulenta» e inconstitucional, los socialistas recurrieron a las sentencias del Constitucional en las que se considera que la Mesa no tiene competencias para valorar la constitucionalidad de los documentos que recibe. Chacón señaló que el PP expuso argumentos propios del debate en pleno y que tendrá opción de defender en la sesión plenaria a la que se someterá el texto.