Casi 800.000 extranjeros podrán regular su situación en tres meses

El 7 de febrero dará comienzo el proceso de regulatrización de extranjeros «más extenso de las últimas décadas», en palabras del propio Gobierno. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuleo Rumí, presentó ayer el dispositivo preparado por el Ejecutivo para hacer frente a la demanda de los cerca de 800.000 extranjeros que, según las estimaciones, se podrán acoger a la regularización. El proceso que comenzará el día 7 tendrá una duración de tres meses tras los cuales sólo se podrá normalizar la residencia por motivos especiales. Las cifras del dispositivo dan una idea de la magnitud del proceso. El Gobierno tiene pensado distribuir 1,8 millones de trípticos explicativos en nueve idiomas y habilitará 742 puntos para atender las gestiones y solicitudes en los que trabajarán 1.639 empleados de refuerzo. La Seguridad Social dedicará 160 centros a este proceso y habrá 52 oficinas y unidades de extranjería. Se estima que la principal demanda por parte de los extranjeros sea la de la petición de información, dado que serán los empresarios, y no los trabajadores, quienes deberán presentar los expedientes. La única excepción será la de los empleados del servicio doméstico que podrán presentar su propía documentación ya que los empleadores pueden ser varios. Sindicatos y oenegés Los 742 puntos de información estarán atendidos en su mayoría por ONG (462) y sindicatos (280). La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) contribuirá también a distribuir información en los 8.107 municipios asociados. La subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas, Dolores Carrión, explicó que cerca de un 28% de la población inmigrante se concentra en la Comunidad de Madrid, seguida de Barcelona, que acoge a un 13%, por lo que estas serán las zonas en las que el refuerzo administativo será mayor. Desde el comienzo del proceso, los inmigrantes en situación irregular dispondrán de tres meses para obtener sus papeles. Para ello será necesario que cuenten con un contrato de al menos seis meses por parte de una empresa o contratador y acrediten estar empadronados en España desde antes del 8 de agosto del 2004. Desde el Gobierno se recordó a los inmigrantes que el empadronamiento será obligatorio y no se admitirá como prueba un recibo de la luz y mucho menos un abono transporte. Las solicitudes que sean admitidas darán derecho al empleador a una autorización de trabajo provisional. Antes de que transcurra un mes desde la recepción de esta autorización, el emprresario deberá dar de alta al extranjero en la Seguridad Social. Cuando esta se haga efectiva, el empleador recibirá el permiso de residencia y trabajo del inmigrante, que será válido por un año. El extranjero dispondrá a partir de entonces de 30 días para obtener su Tarjeta de Identidad. Posible fraude Fuera de eso, el reglamento prevé los mecanismos de repatriación y expulsión de quienes no reúnan los requisitos para conseguir los documentos. El Gobierno teme que la ansiedad de los inmigrantes por regularizar su situación provoque aglomeraciones en los primeros días, por lo que ayer recordó a los empresarios que por presentar antes la solicitud no tendrán más posibilidades que los demás de obtener la regularización de sus asalariados. Rumí explicó que se ha reforzado la inspección de trabajo para «dar una respuesta en el momento oportuno» a quienes tengan trabajadores en situación irregular y no los legalicen. Pero el Ejecutivo está preparado también para el posible fraude en la tramitación de permisos. Por ello, advirtió a los ciudadanos extracomunitarios que intenten comprar contratos a empresas fantasma que su esfuerzo será inútil porque se han extremado las medidas de seguridad para detectar ese tipo de fraude.