Los tramos de riesgo son menos que los peligros al volante

Los tramos de concentración de accidentes (TCA), terminología que ha sustituido a los conocidos como puntos negros de siniestralidad de circulación, se centran actualmente sobre la carretera nacional VI (cruce de Camponaraya), nacional 120 (Trobajo del Camino en el polígono industrial), la León-Valladolid (cruces de Mansilla de las Mulas y Valdelafuente) y la N-630 en La Robla. En todos ellos «se realizan mejoras o están en proyecto» para eliminar el peligro de la infraestructura sobre la circulación del tráfico. Además, hay otra serie de tramos de concentración de accidentes -tres en la nacional 120- en los que ocasionalmente se han producido importantes accidentes de tráfico. Sin embargo, la entrada en servicio hace varios años de la A-6 -su punto de mayor riesgo hasta ahora es la recta de Almázcara- y la autovía León-Benavente, hace año y pico, ha hecho disminuir considerablemente la peligrosidad de las grandes vías de comunicación que atraviesan la provincia. León tiene, además, una red de carreteras provinciales, autonómicas y locales muchas de las cuales están en mal estado o carecen de medidas de protección. Sin embargo, la carretera ya ha dejado de ser el «parapeto» en el que se justifican muchos accidentes mortales. La provincia tiene un balance de cerca de 1.500 muertos desde 1990 en las carreteras y zonas urbanas por accidentes de tráfico. Se empieza a hablar de «violencia vial» y de la peligrosidad que supone para la sociedad la conducción con riesgos. Una investigación del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial señala que en España durante el siglo XX han muerto 250.000 personas y resultaron heridas 15 millones.Según datos del Instituto Anatómico Forense de cada 100 muertos por accidente de tráfico entre 40 y 45 presentaban alcohol en sangre. Stop León reclama el aumento de las penas por conducir peligrosamente y también la implicación política «desde el presidente del Gobierno a los ministros para coordinar todas las acciones y acabar con las muertes del tráfico», señala su responsable, Antonio Vilar. Aunque «aún no ha pasado al primer plano», el cambio con respecto a la dictadura de la velocidad y del riesgo se empieza a ver en gestos de la industria: la seguridad y el sentido común también venden coches. El director general de Tráfico, Pere Navarro, afirmó recientemente que «las infraestructuras podrían ser responsables únicamente en un 6 o un 7% del total. Los accidentes dependen de los conductores». Las reformas del Código Penal aprobadas en el mes de octubre responden a la «criminalización» de estas conductas peligrosa y contemplan la pensa de prisión de seis meses a dos años o multa de doce meses para quien altere la seguridad del tráfico por falta de señalizamiento o derramamiento de combustibles; se castiga con cárcel de uno a cuatro años, multa de seis meses y privación del carné de conducir a quien «con consciente desprecio por la vida de los demás» conduzca con temeridad y bajo los efectos de bebidas alcohólicas con altas tasas de alcohol. Se quiere hacer entender que conducir bajo los efectos del alcohol es como llevar un arma que puede segar vidas, incluída la propia.