El Gobierno elimina las dietas de sus cargos en consejos de administración
El Consejo de Ministros aprobó ayer un paquete de medidas que pretende garantizar la transparencia, austeridad y el buen hacer en el uso del poder por parte de altos cargos del ejecutivo de Zapatero. Una de las principales novedades de este programa de actuaciones es que el Gobierno ha encargado al Ministerio de Economía y Hacienda que elabore una propuesta para que aquellos altos cargos que representen al Gobierno en Consejos de Administración de las empresas dejen de percibir las dietas de asistencia. La idea es, no obstante, que se compense esta pérdida con complementos en sus sueldos. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, precisó ayer que esta posibilidad afectará a unos 250 altos cargos, aunque no pudo concretar el ahorro que supondrá para el Estado la aplicación de esta medida. Algunas de las apuestas del Gobierno para garantizar la transparecencia de la actuación de sus altos cargos entran hoy en vigor, como la publicación del patrimonio de altos cargos, mientras que otras se desarrollarán mediante decretos, órdenes ministeriales y posteriores acuerdos del Consejo de Ministros. Ya el pasado mes de diciembre el Ejecutivo había avanzado la elaboración de este código del Buen Gobierno, pero su informe de hace dos meses se ha visto ampliado ahora con la petición para el cese del cobro de dietas a los consejeros de administración y con otra medida: habrá sanciones a las empresas que empleen a ex altos cargos afectados por incompatibilidades. La intención del Gobierno es que cualquier empresa que contrate a un alto cargo aquejado de incompatibilidad quede inhabilitada para recibir contratos del Estado durante un máximo de dos años. Además, aquellos ex altos cargos de la Administración que incurran en un conflicto de incompatibilidad perderán el derecho a cobrar la pensión indemnizatoria por su anterior puesto de trabajo y quedarán inhabilitados para volver a ser nombrados alto cargo durante un periodo que oscila entre cinco y diez años. Como ya se anunció en diciembre, el Parlamento podrá ejercer un control previo al nombramiento de algunos titulares de determinados órganos, tales como el Fiscal General del Estado; el director general del Ente Público Radiotelevisión Española; el presidente de la Agencia EFE o el presidente y los vocales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otros. Entre las medidas aprobadas ayer está también la de limitar el ejercicio de actividades privadas de forma que durante los dos años siguientes a la fecha del cese de cualquier alto cargo éste no pueda desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo desempeñado.