El Gobierno cree «aberrante» pedir que se incumpla la Ley de Partidos

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, afirmó ayer que la resolución aprobada en el Parlamento vasco, con el apoyo de los representantes del tripartito, sobre la Ley de Partidos constituye «una aberración política y jurídica». En su opinión «no es comprensible» que una institución como el Parlamento pueda plantearse «solicitar a un Gobierno que no aplique una Ley». Para el PSOE vasco la resolución es «muy grave» porque supone pedir una ilegalidad. Así critica que se traslade el mensaje de que Batasuna «está homologada democráticamente», a pesar de que «ampara y justifica la violencia. La resolución del Parlamento vasco instaba al Gobierno central a que, en tanto no se produzca la derogación de la Ley de Partidos Políticos, curse las instrucciones pertinentes al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que las elecciones autonómicas del próximo 17 de abril sean «plenamente democráticas y no excluyentes». Para Luesma, esta petición es una «aberración política y jurídica» que supone solicitar que al Gobierno «hagan dejación de sus funciones y responsabilidades a la hora de aplicar la Ley de Partidos». «Es inaceptable en cualquier régimen democrático, en cualquier Estado de Derecho sometido al imperio de la ley, que un gobierno pueda decidir conscientemente, ni a instancias de nadie, dejar sin valor un precepto legal», insistió. El delegado recordó que las leyes «están para cumplirse» y que este cumplimiento «obliga esencialmente a todos los poderes públicos». De esta manera, cuestionó «qué confianza en esas instituciones, qué confianza en la Justicia pueden tener los ciudadanos de un país que observan, con estupor, actuaciones como las que pretende la resolución del Parlamento vasco». En su opinión, los partidos que sustentan el Gobierno vasco han hecho bandera en demasiadas ocasiones de sus acusaciones a la Justicia por su connivencia con el poder político «y ahora, cometen la torpeza de instar a ese mismo poder político a que de instrucciones al Fiscal y a la Abogacía del Estado para mirar hacia otro lado». Luesma aseguró que los procesos electorales en el Estado «se han celebrado con todas las garantías democráticas», las mismas con que, según indicó, «en su día fue aprobada la Ley de Partidos, una Ley que exclusivamente expulsa del juego democrático a aquellas formaciones ilegalizadas por su relación con el terrorismo, la violencia y la extorsión».