Anticorrupción pide eliminar las trabas para coger a los grandes delincuentes

La Fiscalía Anticorrupción, el departamento especializado en la persecución de los delincuentes económicos, de las corruptelas públicas y de las organizaciones mafiosas, ha reclamado al Gobierno que emprenda una reforma «urgente» para eliminar las trabas legales que restan efectividad a sus investigaciones. El jefe de la fiscalía especial, Antonio Salinas, denuncia en la memoria de actividades del 2004, que le será entregada al Ejecutivo por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la regulación legal que define sus posibilidades de investigación de los delitos -su «más importante herramienta» de trabajo- es «deficiente». En otras palabras, que la ley que regula el margen de maniobra de los fiscales para reunir pruebas de la existencia de un delito antes de llevar el caso ante un juez -el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal- da más ventajas a algunos sospechosos que a los acusadores públicos. La demanda de la Fiscalía Anticorrupción lo que reclama es derogar parte de la reforma del Estatuto Fiscal que el Gobierno del Partido Popular realizó en mayo de 2003, con la oposición parlamentaria y la carrera en contra. El cambio legal impuso a los fiscales una duración máxima de seis meses en las diligencias informativas y de investigación prejudiciales y les obligó a poner en conocimiento inmediato de los sospechosos la apertura de investigaciones, que además pueden conocer desde el principio el contenido de las diligencias practicadas. Grupos organizados El responsable de la Fiscalía explica en la memoria que «la gravedad intrínseca a determinados delitos cometidos por grupos organizados, así como la eventual peligrosidad de sus miembros, imponen como indispensable una adecuada reserva que permita la investigación eficaz de los hechos y la identificación y el aseguramiento de los presuntos responsables y de las fuentes de prueba». Los delitos que fundamentalmente investiga este departamento son la prevaricación, la malversación, el cohecho o el tráfico de influencias cometidos por funcionarios o cargos públicos, los delitos económicos -grandes fraudes, delitos fiscales y financieros, etcétera- y el banqueo de capitales procedente de los grupos del crimen organizado.