La Junta remitió la documentación al fiscal al día siguiente de los hechos

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Fernández, remitió al fiscal jefe de la Audiencia Provincial el expediente sancionador de los hechos justo al día siguiente de haberlos conocido, según consta en las diligencias de la instrucción del caso, que obran ya en poder de la autoridad competente. En un principio, la autoridad territorial abrió un expediente sancionador contra el propietario del anticuario en cuyo negocio se encontró la pantalla del reloj, por entender que podía ser susceptible de vulnerar la legislación dispuesta en la Ley 18/65 del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 12/2002 del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Así, se iniciaba el expediente sancionador y se nombraba un instructor del procedimiento, funcionario del Servicio Territorial de Cultura, de acuerdo a lo que se recoge en la legislación vigente. Sin embargo, a renglón seguido, y como marca la normativa legal, se decidió dejar en suspenso el expediente en cuestión, para trasladar las actuaciones a la autoridad judicial, por si los hechos fuesen constitutivos de delito. Ahora, es la propia Audiencia Provincial la que debe decidir si encuentra algún indicio delictivo en los hechos que se conocen hasta ahora, para que se proceda a realizar las actuaciones correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos.