Los regularizados aportan 1.500 millones a la Seguridad Social

Los nuevos inmigrantes regularizados aportarán el próximo año de 1.000 a 1.500 millones a la Seguridad Social, avanzó ayer el titular de Trabajo, Jesús Caldera, quien añadió que las inspecciones de trabajo para detectar empleo ilegal se centrarán en las provincias con menos peticiones respecto a su cifra de inmigrantes empadronados. El ministro explicó que el Plan de Inspección de Trabajo «específico y especial de refuerzo», que arranca hoy, persigue combatir la economía sumergida y sancionar a los empresarios que actúan de forma ilegal, una vía a través de la cual «también se puede legalizar el trabajador si se demuestra que el inmigrante llevaba tiempo trabajando en España», manifestó. Sesenta inspectores A partir de hoy y durante todo 2005 se realizarán 500.000 actuaciones, que «podrán hacerse perfectamente con una plantilla de 1.700 personas, además hemos acelerado la incorporación de la última promoción de inspectores y subinspectores (más de sesenta)». Las inspecciones se concentrarán en zonas con más inmigrantes: construcción, hostelería, agricultura, comercio y servicio doméstico, agregó el ministro. Sobre este último sector-con un tercio del total de peticiones de regularización presentadas- «hay una serie de restricciones de orden constitucional que impiden la entrada en domicilios privados, pero eso no impide el que haya citaciones para analizar también el sector doméstico». Pese a expresar su creencia de que la mayoría de los inmigrantes en situación administrativa irregular ha salido a la superficie, «queda un porcentaje que por supuesto vamos a investigar». Para empezar, la inspección de trabajo abarcará todo el territorio, pero «en especial en provincias donde ha habido un menor número de peticiones sobre empadronados y ésas, increíblemente, no están en la España mediterránea sino en el interior. Allí habrá una acción especial». También se actuará de modo especial, en las provincias «más fuertes» como Madrid, Barcelona y el arco mediterráneo, porque «los empresarios que han demostrado su voluntad de ser legales merecen que quienes no lo hacen en esas provincias sean sancionados, porque hacen competencia desleal». 700.000 solicitudes Durante los últimos tres meses, el Ministerio de Trabajo «ha estimulado y requerido la legalización a los empleadores, se han hecho miles de actuaciones en ese sentido y han dado buenos resultados», explicó Caldera, quien insistió que detrás de las cerca de 700.000 solicitudes «hay contratos de trabajo». Caldera además rechazó informaciones «alarmistas que no se corresponden con la realidad» sobre denuncias de fraude y falsificación de documentos: «Hay poquísimos casos denunciados ante Inspección de Trabajo o la Policía, los pocos que ha habido se investigaron y los pocos que ha habido son inútiles, es ridículo pensar que se puede comprar y vender un contrato». Actualmente hay unos 200.000 expedientes resueltos, de los cuales 60.000 están dados de alta en la Seguridad Social. De acuerdo con el dato de afiliaciones de abril de los 194.000 afiliados nuevos, 120.000 son españoles y 70.000 extranjeros. Respecto a los ingresos adicionales a las arcas públicas debido a los nuevos inmigrantes regularizados, el ministro de Trabajo, el salmatino Jesús Caldera, explicó ayer que el cálculo «es difícil de hacer, pero sin duda habrá muchos más ingresos».