La Guardia Civil implicará a la seguridad privada contra Al Qaida

Aunque la lucha antiterrorista ocupa un capítulo central del Plan Estratégico Operativo de la Guardia Civil, las cuestiones internas también preocupan, y mucho, a los mandos de la institución. El principal reto es la «modernización» y reestructuración del cuerpo a fin de contar con los efectivos suficientes para dedicarse con garantías a las nuevas tareas. El plan denuncia, sin embargo, que la plantilla de la Guardia Civil tiene la rémora de tener hipotecada la décima parte de sus funcionarios operativos -los que salen a la calle- en labores que, en realidad, deberían corresponder al Cuerpo Nacional de Policía. Según los estudios del instituto armado, 4.095 de sus agentes prestan servicio en demarcaciones de más de 30.000 habitantes y que, por tanto, tendrían que estar bajo la supervisión de la Policía. Los números En concreto, 2.595 guardias están destinados a 28 centros penitenciarios y en 117 edificios públicos ubicados en grandes centros urbanos de demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. A este número hay que sumar otros 1.500 funcionarios de unidades de Seguridad Ciudadana que dan protección en municipios cercanos a grandes ciudades, donde la llegada de residentes a las nuevas urbanizaciones ha hecho crecer el número de habitantes por encima de los 30.000. El director del instituto armado, Carlos Gómez Arruche, ya ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por el solapamiento de funciones con la Policía Nacional en algunos lugares, mientras que en otras especialidades faltan efectivos. Gómez Arruche, ante la falta de efectivos, ha ordenado varios estudios para valorar si es posible reforzar las especialidades más necesitadas, aún a costa de detraer efectivos de Seguridad Ciudadana de algunas zonas rurales más tranquilas, aunque sin cerrar casas-cuartel. Aunque el Gobierno ya ha aprobado un aumento anual de 3.500 guardias entre 2005 y 2009, el 'Plan Estratégico' desvela que este desembarco de nuevos agentes apenas servirá para frenar la sangría de las jubilaciones que cada año supone la pérdida de entre 2.500 y 2.600 funcionarios. Los analistas del cuerpo sostienen que serán necesarios ocho años con incorporaciones anuales de 4.000 miembros para llegar a una plantilla óptima compuesta por unos 10.000 guardias más de los que hay en la actualidad.