Los inmigrantes colapsarán los ayuntamientos para no perder sus papeles

Una reforma casi olvidada aparejada a la ley de extranjería que se modificó en diciembre del 2003 amenaza con provocar un nuevo colapso en los ayuntamientos. Al menos 800.000 inmigrantes -todos aquellos que no tienen residencia permanente- están ahora forzados legalmente a pasar por los consistorios para renovar su empadronamiento. Si no lo hacen, y los ayuntamientos no están obligados a avisar a los extranjeros, éstos serán inmediatamente borrados del padrón, perdiendo así prestaciones municipales, ayudas y, sobre todo, la prueba del arraigo que a muchos irregulares pudiera llevarle a conseguir los ansiados papeles en un futuro próximo. La clave es un artículo que se modificó con el consenso del entonces gobierno del PP y el PSOE. El objetivo era tener actualizados los padrones y sobre todo impedir que inmigrantes que habían cambiado de municipio siguieran inscritos en sus anteriores ciudades. Según los datos del Ministerio del Interior, a 1 de enero del 2004 había en España 1.074.895 extranjeros, de los que sólo 274.547 tenían permiso de residencia permanente, lo que significa que 800.348 extracomunitarios deberán reempadronarse en los próximos seis meses. Si no lo hacen, quedarán fuera de los registros.