El fiscal solicita la ilegalización y disolución del PCEr

El Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr), en calidad de brazo político de los Grapo, puede correr en breve la misma suerte que Batasuna. El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina acaba de presentar ante la sección segunda de la Sala de lo Penal sus conclusiones provisionales en la causa abierta en su día por el juez Garzón contra esta organización, en las que plantea que «procede la declaración de ilicitud y disolución del PCEr por aplicación del artículo 520 del Código Penal». Tras describir la estructura e infraestructura del PCEr-Grapo, así como el encuadramiento en la misma de 13 de sus miembros, solicita diez años de cárcel para cada uno de ellos por el delito de «integración en organización terrorista». Tres más para cuatro de ellos por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales. Dos años y nueve meses para otros tres por el mismo delito, pero no continuado. Para uno de los 13 -José Merino del Viejo- pide otros tres años más por un delito continuado de tenencia ilícita de armas. Los acusados Los acusados son María Josefa Alarcón Puente, Reme, responsable del área técnica del aparato de propaganda. Leoncio Calcerrada Fornieles, Ciete, que prestaba misiones de apoyo a miembros liberados de la banda. Victorio Calcerrada Fornieles, encargado de las relaciones con grupos radicales del interior. Aurora Cayetano Navarro, Clara, enlace entre el aparato clandestino y el legal de la organización. Francisco Javier García Victoria, Kepa, responsable de propaganda en Madrid. Carmen López Anguita, Julia, encargada de labores de organización y de informar a la dirección sobre el estado de ánimo de los presos. Belén López Calderón, Mar, estaba encuadrada en la Co-misión de Organización del Comité Central. Juan Carlos Matas Arroyo, Pedro, responsable político de la célula de Madrid. Jesús Merino del Viejo, miembro activo de los comandos armados.