El campo leonés viaja a Bruselas para defender el futuro de 4.500 familias

El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea abre sus carpetas hoy en Bruselas, mientras el campo leonés aguarda expectante que los sesenta y cinco folios del documento de la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del azúcar reescriba parte de sus párrafos. Que pase del estimulo para abandonar al estímulo de la actividad. El empeño llevará a 17 agricultores con carnet de identidad cursado en León hasta la sede del organismo continental, en representación de las alrededor de 4.500 familias que confían su mantenimiento a la producción remolachera. Los 16 campesinos afiliados bajo las siglas del sindicato UPA-Ugal -encabezados por Matías Llorente- más el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, tendrán a su vera, en el arrope planificado por la Confederación Internacional de Remolacheros Europeos (Cibe) que discurrirá por el itinerario diseñado en las calles belgas, a aproximadamente 6.000 compañeros de 20 países más para defender la supervivencia de un sector que marca su nómina de trabajadores por encima de las 120.000 personas, 327.300 productores en el continente que siembran remolacha azucarera, de los que 19.700 son españoles. A mayores, como complemento, los invitados de las organizaciones de países ACP (Africa, Caribe y Pacífico) y PMA (Países Menos Avanzados). El planteamiento de Marianne Fisher Boel, responsable de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión, pretende reducir el precio del azúcar en un 39% y compensar el 60% de las pérdidas ocasionadas a los agricultores. Y la presidencia británica de la UE y la CE, que planea eliminar progresivamente las subvenciones a las exportaciones agrícolas en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, espera aprobar la reforma en noviembre, con el argumento de que así se tendrá una posición más fuerte ante la negociación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estrategia de la Presidencia La estrategia plantea incentivar el abandono de la actividad de las empresas, con una partida de 730 euros por cada tonelada de cuota que deje de producir, mientras que dejará tan sólo a los agricultores una limadura de 4,68 euros por tonelada con derechos que deje de cultivar. El estímulo encontrará también vía en las ayudas que se gestionarán a partir de la próxima campaña por el Pago Único en forma de desacoplamiento, donde la compensación ascenderá a 12 euros por tonelada durante ocho años. El ingenio se completa con una bajada de precios de referencia de tonelada de remolacha desde los 43 a 32,8 euros durante las dos próximas campañas y, en la siguiente, del 2007-2008 por debajo de los 25 euros, un 42% menos de los valores actuales en busca de desembarazarse de cuatro millones de toneladas. Unión para oponerse En la mesa de discusión de hoy, España y otros nueve países: Finlandia, Italia, Irlanda, Portugal, Italia, Grecia, Eslovenia, Letonia y Lituania y, con algunas ambigüedades, Hungría, mostrarán su desacuerdo con la propuesta que el Ejecutivo comunitario presentó en el Parlamento Europeo el pasado 22 de junio porque les obligaría a abandonar el cultivo y supondría, de facto, la muerte de todo el sector. Los manifestantes se reunirán en el centro de Bruselas y la marcha, de varios kilómetros de recorrido, pasará ante el Parlamento Europeo y culminará en la plaza Schuman, en el barrio comunitario, frente a la sede del Consejo de Ministros de la UE.