Telefonía y vivienda copan las 2.566 protestas de los leoneses ante la Omic

La Oficina de Información Municipal del Consumidor registra un trajín considerable. Las reclamaciones de los leoneses, hoy por hoy -y al parecer por bastante tiempo-, se centran en los servicios y consultas telefónicas, así como en lo concerniente a la vivienda, léase contratos de arrendamiento o vicisitudes varias en torno a las comunidades de vecinos. Las consultas y reclamaciones en materia de telefonía y vivienda suponen casi el 70% del total, y es que la liberalización en el mercado de las telecomunicaciones, tal y como reconoce Rosario Mártinez, directora de la Omic, no beneficia al consumidor, sino a la empresa, que en muchas ocasiones aprovecha su posición para granjearse un negocio mejor a costa del usuario de a pie. Desde el punto de vista del consumidor la lectura puede ser otra. No todas las reclamaciones que llegan a la Omic se tramitan como tales, es menester contrastar su veracidad, y en ocasiones, mal que le pese a no pocos, se puede tener razón pero no derecho, lo que invalida por completo la tramitación de lo expuesto por el consumidor. Durante el primer semestre del 2005 se registraron 2.566 actuaciones en la oficina de información al consumidor, 1.716 se tramitaron en forma de expediente, de los que 1.211 se tradujeron en reclamaciones y 30 en denuncias. Un número más elevado que el del primer trimestre del año anterior. La mayoría de estas consultas, reclamaciones y denuncias se refieren a servicios contratados. Tras verificar la reclamación A pesar de que la función básica de la Omic es la información en materia de consumo, también contempla el asesoramiento en los conflictos entre consumidor y empresa a través de la mediación y del arbitraje. Además, ante la eventualidad de una posible infracción, la Omic tramita la denuncia pertinente sin gasto para el consumidor, ejerciendo la potestad sancionadora el Ayuntamiento de León, lo que puede derivar hacia la incoación de un expediente sancionador contra la empresa cuestionada. En caso de que la empresa esté adscrita a la Junta Arbitral de Consumo se procederá a convocar Colegio Arbitral para dirimir, ante las alegaciones de las partes, cuál de las versiones se atiene a derecho. La resolución obtenida posee carácter de sentencia. En este tipo de vistas se tiende a la conciliación, al acuerdo entre ambas partes, de hecho un alto grado de los casos estudiados finalizan de este modo y son muy pocos los que generan controversia, si bien en ocasiones se dirimen reclamaciones de toda índole pecuniaria, desde 20 euros a 36.000. La rapidez de gestión y su gratuidad hacen del método un buen recurso para el ciudadano.