Un juez belga procesa a 13 personas que podrían estar vinculadas al 11-M
Un juez de Bruselas procesó ayer a 13 personas por prestar apoyo y respaldo a terroristas, incluyendo a varios sospechosos de tener vínculos con el 11-M. La celebración del juicio está prevista para octubre o noviembre. Los fiscales habían acusado a estas 13 personas de pertenencia al Grupo Islámico de Combatientes Marroquíes (GICM), una organización islamista formada por veteranos de la guerra de Afganistán de 1980 contra la Unión Soviética. Además de su relación con este grupo con los atentados del 11-M el pasado año en Madrid, los fiscales consideran que los miembros de la organización tomaron parte en las bombas del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, en las que murieron 50 personas. Otros cuatro acusados fueron solicitados por el tribunal pero se encuentran cumpliendo condena en cárceles extranjeras, tres de ellos en España por su relación con el 11-M, donde murieron 191 personas y más de 1.500 resultaron heridas. Al menos tres de los 13 sospechosos nacieron en Maaseik, una pequeña ciudad belga. Otro acusado, Jalid Bouloudo, está acusado de ser el cerebro del GICM. La abogada de este último, Katelijne van Bellinghen, declaró que «existen serias dudas» sobre los cargos de los que se acusa a su cliente. «Hasta ahora no hemos visto elementos concretos en el caso que prueben claramente ningún tipo e relación entre los acusados y el grupo terrorista del que se les acusa de formar parte», según explicó la VRT. Dos de los acusados son Abdelkader Hakimi y Mourad Chabarou, vinculados a los ataques de Madrid. La Policía dice que las huellas del último aparecieron en el apartamento belga de Afala, uno de los sospechososdel 11-M. Primero fue la reforma del Estatuto de Cataluña y ahora es el de la Comunidad Valenciana el que amenaza con abrir una brecha interna en el PSOE. El anuncio de la dirección del partido gubernamental de que enmendará en el Congreso el proyecto aprobado por las Cortes Valencianas para que se ajuste a la Constitución desató una airada reacción de los socialistas de esa comunidad, que pidieron «respeto» al texto porque es «plenamente constitucional» y está aprobado con sus votos y los del PP. Las reformas estatutarias llevan camino de convertirse en un quebradero de cabeza para el PSOE. El nuevo motivo de discordia es el proyecto de la Comunidad Valenciana, aprobado el pasado 1 de julio gracias a un pacto entre los socialistas y el PP que contó con la bendición de las respectivas direcciones. Pero de forma inesperada y tras semanas de silencio, la dirección del PSOE se descolgó este domingo con el anuncio de que enmendará el proyecto porque, según el secretario de Organización, José Blanco, «hay algunas cláusulas que no se adecuan mucho a la Constitución». Los motivos de discrepancia son dos: las alusiones a los derechos históricos como «fuente» de autogobierno y la denominada cláusula Camps según la cual la Comunidad Valenciana, con independencia de las competencias que reivindica ahora, tendrá derecho a las mismas que obtengan otras autonomías en sus respectivas reformas.