Incluso las comunidades regidas por los socialistas se niegan a tener que subir los impuestos

La respuesta de las comunidades ha sido un rotundo rechazo: ningún gobierno autonómico quiere asumir el coste político de subir los impuestos sobre la gasolina, la matriculaciones de vehículos y la luz. Hasta los territorios gobernados por el PSOE criticaron la propuesta gubernamental. A tres días de la reunión preparatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debería cerrar un acuerdo sobre la financiación de la Sanidad pública, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tiene enfrente un compacto muro autonómico de rechazo sin diferencias de color político. Los reproches que más han escocido entre los responsables gubernamentales han sido los de los gobernantes socialistas, de los que esperaban, al menos, un prudente silencio. Extremadura y Cataluña, tradicionales defensores de posiciones antagónicas cuando se trata de financiación, han unido sus voces en esta ocasión aunque fuera por diferentes razones. Rodríguez Ibarra apeló a las «diferencias ideológicas» para justificar su oposición a la propuesta del Gobierno. El gobernante autonómico precisó que Extremadura no elevará los impuestos sobre los hidrocarburos, electricidad y matriculaciones, aunque está dispuesto a aceptar los fondos gubernamentales procedentes de las aportación de 500 millones de euros a través de los Presupuestos y la parte correspondiente del alza del 10 por ciento en el alcohol y el tabaco. Ibarra aclaró que su comunidad no tiene un déficit agobiante en la financiación sanitaria y, por tanto, no tiene razones para elevar la fiscalidad. Desde Barcelona, la consejera de Salud, Marina Geli, anunció la presentación de una propuesta propia de la Generalitat ya que la del Ejecutivo central es «insuficiente», aunque suponga «un paso adelante» en algunos aspectos, como las subidas del tabaco y alcohol. Otra comunidad gobernada por los socialistas, Castilla-La Mancha, se sumó al coro y tachó de «insuficiente y mejorable» la propuesta.