Hernando propugna que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sea obligatoria

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, pidió ayer en el discurso pronunciado en la ceremonia de apertura del año judicial que la ley establezca con claridad que la jurisprudencia del alto tribunal debe ser de aplicación obligatoria por todos los jueces y tribunales españoles, como instrumento para evitar la profusión de sentencias contradictorias sobre un mismo asunto. Hernando se felicitó de que el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que el Gobierno ha enviado al Parlamento para su aprobación recoja con nitidez que la doctrina establecida en reiteradas sentencias del Supremo sobre un mismo tema -su jurisprudencia- es vinculante para todos los jueces o tribunales inferiores a la hora de resolver sobre casos idénticos. El también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lamentó de que la indefinición actual sobre este tema, unida a la sobrecarga de trabajo de algunos magistrados, a la ambigüedad de algunas leyes y a la complejidad del ordenamiento jurídico provoquen resoluciones diversas sobre un mismo asunto en materias en las que el Supremo ya fijó un criterio concreto en dos o más resoluciones. Hernando explicó que esta reclamación no busca reafirmar la figura del Supremo como órgano máximo de la cúspide judicial, sino que es «crucial» para los ciudadanos y las empresas, ya que las sentencias contradictorias suponen inseguridad jurídica y costes sociales y económicos importantes. Sentencias previsibles En su opinión, los ciudadanos y los abogados tienen derecho a «aumentar la previsibilidad de las resoluciones judiciales», a saber «con nítida precisión» si un hecho es lícito o ilícito o legal o ilegal sea cual sea el tribunal del país al que acudan. En palabras más sencillas, el Supremo, comentó, debe marcar «la hoja de ruta» con la que se deben mover todos los jueces para interpretar de manera uniforme si unos hechos son legales o no. Hernando defendió «un estado de dispersión o de imprevisibilidad de las sentencias resultaría difícilmente compatible con el principio de igualdad ante la ley y con el principio de seguridad jurídica».