El Gobierno entrega a Del Olmo documentos secretos sobre el 11-M

El Consejo de Ministros acordó ayer entregar al juez que investiga el 11-M la documentación clasificada de las fuerzas de Seguridad y del Centro Nacional de Inteligencia que solicitó. La petición de Juan del Olmo fue atendida por el «carácter excepcional» de la investigación y los «hechos gravísimos» que se van a juzgar. El Ejecutivo encomendó además al juez de la Audiencia Nacional que otorgue «el máximo grado de protección y reserva» a los documentos entregados. El presidente del Gobierno venció las últimas resistencias del ministro de Defensa a desclasificar los papeles secretos del 11-M, en especial los que obran en poder del CNI. José Bono no fue el único miembro del Ejecutivo reacio a entregar los documentos al juez, pero se mostró el más beligerante contra esa decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Del Olmo solicitó al Ejecutivo antes del verano la entrega de la documentación en manos de las fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia de fecha posterior al 1 de enero del 2002 sobre las personas imputadas en el sumario por los atentados del 11-M y el suicidio el 3 de abril de siete presuntos autores de la matanza en la localidad madrileña de Leganés. El juez no precisó qué ni cuántos documentos concretos requería, razón por la que el Gobierno dio largas al asunto y sólo ayer, tres meses después, tomó una decisión. Al ser una petición genérica será difícil constatar si el Ejecutivo atendió el requerimiento de la Audiencia Nacional. Documentos «limpios» La vicepresidenta primera aclaró para evitar suspicacias que «se han entregado todos» los que tenían las fuerzas de Seguridad en relación a los 109 imputados en el sumario, y cuatro del CNI. El resto de los informes en poder de este servicio de inteligencia no pueden entregarse porque hacerlo contravendría el artículo 5.1 de la ley del propio organismo, ya que aluden a «infraestructuras y fuentes internacionales» del centro. María Teresa Fernández de la Vega garantizó que los 'papeles' se entregan sin ningún tipo de manipulación o tachadura. Son, dijo, «documentos literales». La portavoz explicó asimismo que tendrá que ser el juez quien decida qué medidas toma para preservar la confidencialidad de la documentación y que su contenido no sea público. La práctica en estos casos es no incorporar los informes al sumario, sino abrir una pieza separada y secreta a la que no tienen acceso las partes personadas, excepto el fiscal. El juez puede decidir, una vez revisada la documentación, devolverla al Gobierno y trasladar de esa forma la responsabilidad sobre su custodia. Resistencias Del Olmo solicitó los escritos para cotejar su contenido con las declaraciones de algunos imputados, no para incorporarlos al sumario de la investigación. La entrega, pese a todo, suscitó resistencias en el CNI, cuyos responsables se mostraron contrario a cederlos. Al final, el Gobierno remitió a la Audiencia Nacional los que los servicios de inteligencia han estimado que «afectan a las personas que el juez relaciona con el proceso», según explicó la portavoz gubernamental. Por esta razón, contrasta el pobre volumen de los informes del CNI, cuatro, frente a los aportados por el Ministerio del Interior y que responde a 11 apartados. El servicio de espionaje proporcionó los datos de la investigación sobre las actividades desarrolladas el 6 de noviembre del 2003 por Allekema Lamari, el argelino que se consideró uno de los cabecillas del comando del 11-M y se suicidó en Leganés; y el informe del 27 de octubre de 2003 sobre evaluación de la amenaza de atentados terroristas islamistas entre otros.