León tiene pendiente de revisar el valor catastral de más de 103.000 viviendas

El Ayuntamiento de León dejará de ingresar en el bienio 2005-06 casi 90 millones de euros, el equivalente a 1.500 millones de las desaparecidas pesetas, por no haber revisado a tiempo los valores catastrales de las más de 103.000 viviendas censadas en la ciudad. Trámites burocráticos de la Agencia Catastral y del propio Ayuntamiento impedirán que la tesorería municipal, ya agobiada por deudas que hipotecan las inversiones anuales e, incluso, el pago a proveedores a corto plazo, retrasarán al menos dos ejercicios la entrada en vigor de un nuevo catastrazo . Según Francisco Saurina, concejal delegado de Hacienda, la revisión de los valores catastrales pudo haberse solicitado hace ya cinco años, de acuerdo con la actual normativa, pero se dejó pasar el pl azo y sólo fue reclamada el año pasado, durante el mandato del ex alcalde socialista Fracisco Fernández, que no tuvo tiempo de gestionarla.. La tramitación de este tipo de expedientes añade a la proverbial lentitud burocrática de todas las instancias oficiales la laboriosidad añadida de tener que subcontratar los trabajos de campo: comprobar in situ la propiedad de los pisos y parcelas urbanas, propietario por propietario, valorar su precio de mercado y abrir un periodo de reclamaciones y exposición pública para quienes no estén de acuerdo con pagar lo tasado. El proceso no suele durar menos de dos años y en el caso de León capital no ha hecho más que empezar. Prórroga fiscal Según Saurina, que desde su cargo no se pronuncia sobre quién o qué administraciones tienen la culpa de que las contribuciones urbanas y rústicas no se hayan actualizado todavía, el retraso es una buena noticia para los ciudadanos, pero no así para el Ayuntamiento, que dejará de ingresar entre el 10% y el 15% del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que, a su vez, supone la cuarta parte de los impuestos directos municipales. La merma de recaudación será de casi 45 millones de euros por año, que es lo que se ahorrarán los contribuyentes. El auge de la costrucción desde finales de los noventa ha disparado el censo de constribuyentes del IBI, a la vez que les obligaba a cotizar cantidades altas (se supone que los valores catastrales deben ser, como nímo, la mitad de los de mercado y éstos últimos se han disparado año tras año para las nuevas viviendas). Pero ha dejado una bolsa de pisos en el caso antiguo de la ciudad, precisamente los más caros, cuyas contribuciones al erario público han quedado notablemente desfasadas y el Ayuntamiento ha preferido hasta ahora dilatar un problema fiscal tan impopular. «Muchos de ellos habrán duplicado practicamente su valor desde la última revisión, pero hay que mirarlos uno a uno y eso es problemático», según Saurina. El IBI supone aproximadamente el 25% de los ingresos municipales, el equilamente a unos 6.000 millones de las viejas pesetas cada año, y su recaudación no hace más que incrementarse a causa del boom de la construcción. Es también el impuesto con menor morosidad y el último, junto con el del coche, que deja de pagarse, incluso en los varios miles de viviendas vacías censadas en la ciudad: «eso no tiene nada que ver, porque incluso esos pisos han sido comprados como inversión a la espera de que se revaloricen y para sus dueños la contribución urbana supone una parte mínima de los beneficios que esperan alcanzar, así que no hay ningún problema». «La recaudación del IBI se hará de forma gradual, pero supone mucho dinero» FRANCISCO SAURINA , concejal de Hacienda