Peces-Barba critica la burocracia de la Administración con las víctimas

El alto comisionado de apoyo a las víctimas del terrorismo denuncia en su memoria semestral que los afectados por los atentados o sus familiares se enfrentan a unas administraciones públicas que actúan con rigidez y exceso de burocracia y con una ausencia de información «clara, concisa y oportuna». Gregorio Peces-Barba describe en su informe el panorama desalentador con que se topan las víctimas del terrorismo cuando acuden a una institución pública para exponer su caso y acceder a las ayudas e indemnizaciones legales. Las víctimas del terrorismo cuando apelan a la Administración en busca de ayuda se encuentran con unos funcionarios que se caracterizan por «la frialdad y falta de flexibilidad», y con un sistema que peca de «duplicidad de ventanillas, burocratización y escueta singularización de su problemática». Esta áspera conclusión será expuesta por Peces-Barba ante la comisión constitucional del Congreso el próximo miércoles, cuando presentará la primera memoria semestral de su gestión. La actuación del Estado con los afectados por los atentados «no ha sido todo lo eficaz que se requiere» pues, reza el texto, ha primado «la rigidez de los procedimientos». La información que reciben no ayuda a la comprensión de los trámites y echan de menos que sea «clara, concisa y oportuna», algo que es «esencial» para unas personas que «han sufrido una situación traumática». El alto comisionado desgrana una serie de situaciones controvertidas en la adquisición de la condición legal de víctima, en la que la doctrina es dispar. Se adquiere dicho estatus por resolución administrativa o sentencias judiciales y suelen tener carácter discrecional ya que, por ejemplo, no se concede ese derecho a las víctimas de «atentados no reivindicados» o cuando el funcionario correspondiente entiende que «las secuelas y padecimientos» del solicitante «no guardan relación con un ataque terrorista». Nexo causal Esta situación se ha registrado en afectados por atentados de ETA, los Grapo, pero «con mayor incidencia» en el 11-M. La memoria cita a personas, sin precisar el número, con patologías psiquiátricas que alegan que son consecuencia de las bombas en los trenes, pero que el Ministerio de Interior decidió «denegarles la condición de víctima al no haberse acreditado nexo causal». En algún caso, incluso, se han incoado «procesos penales por simulación», sobre todo a «extranjeros». Tampoco se reconoce esta condición a quienes han sufrido «violencia callejera, el acoso, la agresión, la amenaza del terrorismo etarra» porque tampoco «era apreciable el nexo causal». Las indemnizaciones son también motivo de situaciones anómalas ya que se han denegado por solicitarlas fuera de plazo, pero con la paradoja agravante de que estas personas recibían «los reconocimientos honoríficos», mas no el dinero.