Casi 900 bares y restaurantes de León, obligados a hacer zonas libres de humo

El sector está que echa humo. Los propietarios de 894 locales hosteleros de la capital leonesa tendrán que acometer obras para construir un espacio reservado en exclusiva para los fumadores, a tenor de la futura Ley de Prevención del Tabaquismo. La nueva normativa, aún en proceso de debate, obliga a todos aquellos bares y restaurantes con una superficie superior a los cien metros cuadrados a habilitar un espacio propio para los clientes que fumen. Los propietarios de los establecimientos que no alcancen la citada superficie computable -según los datos facilitados por el Ayuntamiento de León, en la capital son 330 negocios- no están obligados a ejecutar reformas, pero tendrán que optar por permitir la entrada sólo a uno de los dos bandos: fumadores o no fumadores. En el caso de que se decanten por los primeros, el establecimiento deberá advertir en la entrada que se trata de un espacio donde se fuma. Los hosteleros estiman que la adaptación de los bares y restaurantes para creaer zonas libres de humo supondrán en muchos casos partidas millonarias, sobre todo en los casos más grandes, aunque para ello apuestan por la innovación y los avances tecnológicos en vez de la separación física entre zonas de fumadores, caso de depuradores electrostáticos y cortinas de aire para crear espacios limpios en aquellos locales con más de cien metros cuadrados. Espacios por incidencia Las principales organizaciones que engloban a este tipo de empresarios reclaman, asimismo, que las proporciones y porcentajes de las salas de fumadores y no fumadores se establezcan en función de la incidencia del tabaquismo en los establecimientos públicos, puesto que, según sus datos, en torno al 45% de los usuarios de bares de copas y discotecas son fumadores. El anteproyecto de la ley antitabaco exige que los locales de más de cien metros cuadrados deben reservar un 70% de su superficie para fumadores y un 30% para no fumadores. Este último porcentaje se reduce al 10% en el caso de las discotecas. Los primeros cálculos del sector apuntan a que la nueva norma podría provocar un desenso del 8% en las ventas de los establecimientos hosteleros, pérdidas económicas y la desaparición de puestos de trabajo. La patronal, dado el elevado coste de la reforma, solcita un periodo transitorio de adaptación de dos años, como mínimo.