Zapatero está decidido a modificar la financiación aprobada en Cataluña

José Luis Rodríguez Zapatero rechaza la afirmación tanto del tripartito catalán y CiU, por un lado, y el PP, por el otro, de que la reforma del Estatuto de Cataluña modifica el modelo de Estado. Considera, en cambio, «discutible» la propuesta de financiación incluida en el proyecto de reforma y está decidido a modificarla. Menos preocupación suscita en el presidente del Gobierno la definición de Cataluña como nación porque, en su opinión, es un término «simbólico» que no va a generar derechos adicionales para ese territorio. El jefe del Ejecutivo no ve asomo de que la reforma estatutaria catalana vaya a alterar el modelo de Estado fijado por la Constitución. Y si hubiera aspectos en el texto que escondieran esta pretensión, está convencido de que se atajarán en el trámite parlamentario de las Cortes, y en última instancia, el Tribunal Constitucional lo impedirá. Según explicaron fuentes de su entorno, cuestiona tres aspectos medulares de la reforma: la financiación, las competencias exclusivas y el capítulo de derechos. Cree que no sería «una tragedia» modificar el sistema de financiación, de hecho se ha cambiado cinco veces en los últimos años y siempre a instancias de los nacionalistas catalanes, pero en ningún caso se hará a través de una modificación estatutaria. La Moncloa reconoce que el sistema propuestose asemeja al de Alemania o Estados Unidos, pero no es aplicable en España porque el modelo constitucional «es el que es», y sólo permite recaudar y gestionar los impuestos a Euskadi y Navarra por sus peculiaridades forales. Por estas razones, Zapatero está decidido a negociar con el tripartito de la Generalitat y CiU una corrección «amplia» del sistema planteado. El presidente del Gobiernono pierde el sueño por la inclusión del término nación en el proyecto de Estatuto. Considera que se trata, dicen fuentes de La Moncloa, que es un elemento «simbólico» pero «sin valor jurídico» y que, por tanto, no proporciona derechos adicionales. Rodríguez Zapatero pretende conciliar el mantenimiento de esa definición para Cataluña con el artículo dos de la Constitución, que establece la «indisoluble unidad de la nación española». La fórmula -«muy pensada», dicen en su entorno- se la guarda, pero sus colaboradores intuyen que un mecanismo puede ser eliminar esa referencia del articulado del Estatuto y dejarla en el preámbulo para que no genere efectos políticos. El jefe del Ejecutivo ve más motivos para la inquietud con la batería de competencias exclusivas que el proyecto atribuye a la Generalitat. Rodríguez Zapatero no está dispuesto a permitir que el autogobierno de Cataluña violente leyes orgánicas. En último caso, afirman en La Moncloa, el Tribunal Constitucional actuaría como árbitro en un eventual conflicto y no lo permitiría, a tenor de la jurisprudencia existente. El capítulo de derechos es otro de los aspectos controvertidos o discutibles, el jefe del Ejecutivo se niega a utilizar una terminología más categórica con el Estatuto de Cataluña. La legislación en esta materia, sostienen las fuentes consultadas, tiene que estar siempre en manos de las Cortes Generales para garantizar la igualdad y el Gobierno no va a permitir que una comunidad adquiere más derechos ciudadanos que otra por el hecho de arrogarse determinadas competencias. El presidente del Gobierno cree, por otra parte, que el PP se equivocan de estrategia al rechazar siquiera debatir el proyecto aprobado por casi el 90% del Parlamento de Cataluña. «Esto es la democracia, se ha expresado una mayoría y hay que respetarla», es uno de los comentarios que hace en su círculo de colaboradores.