España pide a Rabat que cumpla su compromiso de controlar los asaltos

La última gran avalancha de inmigrantes de Melilla parece haber colmado la paciencia de los responsables del Gobierno, o cuanto menos ha hecho que el Ejecutivo endurezca su discurso. Cuatro días después de la cumbre bilateral de Sevilla con Marruecos en la que las autoridades alauís prometieron controlar las oleadas de subsaharianos en las dos ciudades autónomas, el gabinete de Rodríguez Zapatero abandonó el tono diplomático de la pasada semana para exigir al país vecino que cumpla sus «compromisos». El titular del Interior, José Antonio Alonso, fue explícito en su demanda: «Marruecos tiene la obligación de controlar la inmigración ilegal en su territorio para evitar las avalanchas». El ministro, que no tenía intención de comparecer para evitar criticar a las autoridades alauís, tuvo que aparecer para informar de la última operación antiterrorista en Francia y, al final, no ocultó su decepción por la enésima oleada tras apenas unas horas de tranquilidad. «El comportamiento de Marruecos va a mejorar y tiene que mejorar», insistió Alonso, que recordó que el Ejecutivo alauí «asumió compromisos» en la cumbre de Sevilla que ahora «tiene que cumplir», como haría cualquier «país serio». «Marruecos tiene que seguir trabajando», apostilló. Repatriación A pesar de que en la última avalancha no había apenas presencia policial al otro lado de la frontera, el ministro se mostró «seguro» de que el país magrebí «se va a comportar». Aún así, José Antonio Alonso se vio en la obligación de recordar al Gobierno de Jettou su segundo compromiso de la semana pasada: aceptar la repatriación de subsaharianos. En realidad, ésta se trata de una promesa incumplida desde que en 1992 el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, firmara un convenio de devolución, que ha sido obviado de manera reiterada por los diferentes ejecutivos del otro lado del Estrecho. «La colaboración de Marruecos es indispensable», aseguró el máximo responsable de Interior, que reconoció que la crisis migratoria de las últimas semanas en Ceuta y Melilla es un «problema muy serio y muy duro». «Un problema con el que el Gobierno va a poder», añadió el ministro.