Interior controla a los pasajeros de los vuelos a España en busca de terroristas

El Ministerio del Interior ha comenzado esta semana a controlar uno por uno los pasajes de los aviones con destino a España en busca de terroristas internacionales. José Antonio Alonso, quien compareció ayer en el Congreso para explicar las acciones de las fuerzas de Seguridad contra Al Qaida tras el 11-M, anunció que varias compañías aéreas -cuyo nombre no quiso desvelar- ya entregan los nombres, apellidos y demás datos de los viajeros, antes incluso de que el aparato despegue del aeropuerto de origen. Alonso señaló que este sistema de supervisión «en tiempo real» se encuentra, por ahora, en «período de pruebas». España -subrayó- se convierte así en el primer país de la UE en «aplicar la norma comunitaria que obliga a los transportistas a comunicar con carácter previo los datos de las personas que quieran acceder a la Unión a través de una frontera exterior». Fuentes de Interior detallaron que este sistema de control se denomina 'Advance Passenger Information', API (Información avanzada del pasajero) y sus promotores son los países del llamado G-5: España, Italia, Francia, Reino Unido y Gran Bretaña. En la cumbre del pasado marzo en Granada, los cinco ministros de Interior aprobaron potenciar este instrumento, aunque ninguno lo había puesto en marcha hasta ahora. Esta red de control, que incluye el intercambio de información de los pasajeros entre las policías europeas, se completará en breve con otro sistema denominado PNR para conocer, también en tiempo real, los datos de los sistemas de reservas y ventas de todas las compañías de transporte, no sólo de las aéreas. El objetivo del API es, sobre todo, para frenar los movimientos de posibles yihadistas dentro de la UE, aunque también servirá para controlar la llegada de inmigrantes irregulares e impedir su embarque con destino a España u otros países europeos. La última reforma de la Ley de Extranjería establece en su artículo 66 la obligación de los transportistas, siempre que así los soliciten las autoridades, de facilitar el listado de pasajeros, incluido «nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento y nacionalidad y número de pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad». El ministro, quien aseguró que su departamento ha cumplido ya con la «práctica totalidad» de las recomendaciones sobre seguridad que hizo la comisión parlamentaria de investigación del 11-M, aanunció que su departamento gastará el próximo año 368 millones de euros sólo en mejorar la lucha contra el terrorismo islámico y ETA. Alonso aseguró que igualmente se encuentra muy avanzado un Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, un protocolo para garantizar la seguridad en centrales nucleares, nudos de comunicación y aeropuertos, entre otras instalaciones. Los puertos tendrán un tratamiento especializado.