El alcalde denuncia que los okupas de Jun son mafias para asustar vecinos

Las 17 familias que ocuparon ilegalmente los pisos de tres bloques en la localidad granadina de Jun dijeron ayer ante la jueza que instruye las diligencias que se metieron en dichas viviendas porque llevaban muchos años vacías (27 años, aseguran) y que están dispuestas a pagar un alquiler porque no tienen otro sitio a dónde ir. El juzgado de Instrucción número ocho de Granadadictó ayer por la tarde la orden de desalojo sobre las viviendas ocupadas. El auto alude a las «personas que ocupan ilegalmente» las viviendas y señala que el desalojo «se llevará a efecto inmediatamente» por la Policía Judicial de la Guardia Civil. Durante la incomparecencia de los implicados no han presentado documentación alguna que justificase su residencia, como exigía la magistrada, aunque han declarado que en ningún momento han amenazado a ningún vecino para que se fuera del edificio, como se ha hecho llegar a la opinión pública, y que están dispuestas a dormir en las puertas del Ayuntamiento si los desalojan de las viviendas que han ocupado. Los hechos que han desembocado en esta declaración comenzaron a primeros de la semana pasado cuando el alcalde de la localidad, José Antonio Rodríguez, declaró que algunas familias de tres bloques de pisos que hay junto al Ayuntamiento habían tenido que dejar sus viviendas porque habían sido amenazadas, incluso a punta de pistola, por okupas que se habían instalado en dicho bloque. La alarma que se generó en el municipio, situado a pocos kilómetros de la capital granadina y muy conocido por su afición a las nuevas tecnologías, fue tal que todos los medios de comunicación nacionales y parte de los internacionales se hicieron eco de la noticia. Uno de los okupas, Juan Rodríguez, reconoció que se había metido en la vivienda porque «estaba abierta y vacía y sólo había montones de basura». Añadió que residía en el Polígono La Cartuja, barrio marginal granadino, en una vivienda con su mujer, sus dos hijos pequeños, sus padres «y 20 personas más» y que se enteró de que «en Jun había casas vacías», por lo que decidió irse a una de ellas para disponer de más espacio. La juez, antes de decidir si los desaloja o no, deberá conocer todos los antecedentes para saber si lo de Jun ha sido una simple ocupación de unas casas deshabitadas y no una ola de allanamientos violentos. Lo primero, sin violencia, es un delito de usurpación de bienes inmuebles que está penado con multas de tres a seis meses. Lo segundo es bastante más grave y puede suponer el encarcelamiento durante cuatro años de una persona. Organizados Hay una línea de investigación que apunta a que esta ocupación no ha sido espontánea sino que ha estado organizada por un primer okupa que llegó a uno de los bloques de viviendas de la polémica a finales del mes de mayo y que ha actuado de cabecilla para traer al resto de los sin techo. Casi todos los intrusos son de raza gitana y provienen desde distintos pueblos de la provincia de Granada, especialmente de Baza. Igualmente hay una tercera teoría que se investiga: las viviendas llevan casi 27 años vacías y que eso ha dado lugar a dos o tres ocupaciones ilegales. Al parecer hay alguien que ha engañado a algunas familias de okupas a los que ha cobrado una pequeña cantidad de dinero haciéndoles creer que podían hacerse dueños de los pisos sin el consentimiento del dueño. El alcalde de Jun se mostró convencido de que los ahora ocupantes de las viviendas «forman parte o están respaldados por una mafia» y como prueba de ello, señaló los «coches de lujo» que conducen. Añadió que el Ayuntamiento de Jun se ha personado como acusación pública en el juicio por este suceso «a petición de los propios vecinos» y confió en que la personación municipal en el caso contribuya a «acelerar el desalojo de las viviendas» ocupadas ilegalmente. Mientras tanto, dos patrullas de la Guardia Civil vigilan las inmediaciones del edificio causante de la polémica, a la espera de que el juez adopte una resolución tras tomar declaración a los vecinos del inmueble, para esclarecer quién reside legalmente en el bloque y quién no, antes de decretar el desalojo. Los vecinos del municipio, por su parte, anunciaron ayer su intención de convocar sendas manifestaciones frente al Ayuntamiento de Jun y la Subdelegación del Gobierno en Granada capital si no se da una solución «inmediata» a la ocupación ilegal de viviendas.